HUGO QUINTERO BERNATE | El Nuevo Siglo
Lunes, 13 de Mayo de 2013

Impunidad e inutilidad

La  semana pasada tuvo un aterrador desarrollo en materia de homicidios y amenazas contra funcionarios públicos y comunicadores privados. En ese corto período fue descubierto un plan de amenazas contra periodistas de Valledupar y asesinaron al locutor de la emisora juvenil Radio Planeta de Cali, Alberto Lázaro Del Valle, y a la jefa de Fiscalización de la DIAN en Neiva, Celia Escobar Flórez.

El recurso al homicidio como instrumento para librarse de alguien a quien se considera incómodo, para acallarlo, para interferir su trabajo o sus investigaciones, como forma última de oponerse a su tarea política, o por celos, es tan viejo como la humanidad, tal como cuenta la Biblia de Caín y Abel, pero Colombia debe ser uno de los países donde más se practica. 

La mala costumbre de matar a los opositores o a quienes incomodan, ha sido practicada, primeramente, por las elites que siempre han manejado esta democracia hereditaria que nos rige. Desde el asesinato de Antonio José de Sucre en Berruecos, hasta el de Jorge Eliécer Gaitán y Álvaro Gómez en Bogotá, pasando por el de Luis Carlos Galán en Soacha o el de Alfredo Correa de Andreis en Barranquilla, todos tienen en común el origen político y la impunidad absoluta.

Pero como el mal ejemplo cunde, mafiosos de todos los pelambres y delincuentes de toda clase han optado por lo mismo. Tulio Manuel Castro Gil y Hernando Baquero Borda en la Rama Judicial u Orlando Sierra y Guillermo Cano en el periodismo, son víctimas emblemáticas de la mafia por atreverse a hacer o a decir lo que otros evadían o callaban.

Y cientos de víctimas anónimas atestiguan que el colombiano raso, también mata por cualquier motivo baladí: quitar un amante de en medio, un heredero de la línea de sucesión, una esposa intensa, un marido malmarido, un vecino bochinchoso, un reclamante de tierras.

Lo más lamentable es que todas esas víctimas son inútiles. Solo reflejan el primitivismo de nuestro desarrollo social que aún apela a la fuerza bruta para la solución de sus conflictos. El que ordenó matar a la funcionaria de la DIAN en Neiva, sobre la base de evitar que siguieran sus investigaciones, o el que mata un juez con el mismo fin, no hace sino abonar otro delito a su conciencia. Media Corte Suprema y varios jueces asesinados no evitaron que Escobar y la mayoría de sus secuaces acabaran en la cárcel o acribillados por las balas oficiales.

Atentar contra un periodista o un periódico no hace sino disparar, valga la expresión, la cobertura del tema que se quiere acallar y poner el foco mediático en todo aquello que se pretende ocultar.

Pero, si bien es cierto que hay esfuerzos personales que impiden los efectos de la amenaza violenta o el atentado personal, el Estado vive en deuda por su incapacidad para identificar y sancionar a los responsables de los crímenes.

Estamos en el peor de los mundos. Los homicidios son inútiles, pero los asesinos siguen matando: están seguros de no ser descubiertos o de serlo, de ser perdonados en alguna amnistía de las muchas que aquí han sido.

@Quinternatte