“Urabeñadas”
El reciente paro armado que “Los Urabeños” decretaron y realizaron en jurisdicción de cinco departamentos en represalia por la muerte de su jefe, es probablemente el reto más grande que ha enfrentado el Estado colombiano en los últimos años.
La demostración que acaba de hacer esa banda armada no es solo muestra de su poder intimidatorio, sino evidencia monumental de la debilidad del Estado y de sus servicios de Inteligencia y organismos de seguridad.
La situación, por ejemplo, de Santa Marta, la capital del departamento del Magdalena, es absolutamente paradigmática. A los ilegales les bastó con amenazar a los transportadores, con imprimir y distribuir en el sector del mercado unos cuantos panfletos ordenando el paro, o con que un par de individuos en moto se pasearan por la “avenida” Campo Serrano amenazando con “quemar” los negocios si abrían, para detener la ciudad entera. Con muy poco la paralizaron, porque allá, como en el resto del país, es muy fácil sembrar el miedo cuando la gente sabe que no hay autoridad que los respalde.
Un batallón del Ejército Nacional y un Comando Departamental de Policía, aparte de las regionales del DAS y de la Fiscalía, fueron incapaces de prevenir los hechos o de garantizar la seguridad de toda una capital de departamento. El “Mello” Cotes, gobernador recién posesionado, al que se le acusa de ser títere de políticos de esa ciudad condenados por paramilitarismo, perdió una oportunidad de oro para cantarle al departamento y al país de qué está hecho.
Precisamente la falta de liderazgo de quienes se hacen elegir en esas posiciones o la falta de confiabilidad de los organismos de seguridad del Estado en cada región del país, es la que explica el miedo que los ciudadanos sienten ante la mínima amenaza. Tan ello es así que los operativos exitosos de la Policía no solo han sido preparados casi que en el despacho del Director General, sino ejecutados con personal ajeno a cada Comando departamental.
En una audiencia de la semana pasada, la Fiscalía dejó claro no solo una especie de acuerdo de reparto territorial entre “Rastrojos” y “Urabeños”, sino la existencia y el monto de una extensa nómina de militares y policías que suministran información a esas bandas.
Ahí en esa audiencia está concentrada toda la problemática y la necesidad de una solución urgente de carácter militar, social y judicial a esa grave situación. Mientras no se depuren los mandos de las Instituciones encargadas de combatir esas bandas, esa guerra está perdida. Como también está perdida si no se adoptan medidas sociales que les ofrezcan a los jóvenes una forma de subsistencia distinta a la del ingreso a esas organizaciones.
Y está más perdida aún si el Estado no adopta una legislación especial para el procesamiento judicial de ese tipo de fenómenos. Si cada interceptación telefónica, allanamiento o captura contra integrantes de esas bandas requiere de todos los pasos del procedimiento ordinario, nuestros investigadores van a parecer cada vez tan torpes y maniatados como Hernández y Fernández, tan de moda ahora por el estreno de Tintín.
@quinternatte