HUGO QUINTERO BERNATE | El Nuevo Siglo
Lunes, 29 de Agosto de 2011

Los deseos


“Se queja de una condena pública anticipada en su contra”


EN  una reciente columna publicada por la ex directora nacional del CTI en un periódico nacional, la ex funcionaria se queja de supuestas persecuciones en su contra por cuenta, dice ella, de sus “enemigos” que habrían decidido pasarle cuenta de cobro por actuaciones suyas como servidora pública.


La ex directora se queja de filtraciones a la prensa de información sobre investigaciones en su contra por supuestos malos manejos de escandalosas cifras, o de señalamientos de presuntos tráficos de influencias para favorecer a su ex esposo, al tiempo que se trata de enlodar el buen nombre de sus hijos y hermanos. En resumen se queja de una condena pública anticipada en su contra.


Tiene razón la ex directora en sus quejas. Es absolutamente injusto, ilegal y contrario a la presunción de inocencia que desde la Fiscalía o desde los organismos de seguridad o de investigación judicial se filtre información a los medios sobre investigaciones en curso y más grave aun cuando se trata de datos exagerados o mentirosos.


Lo curioso es que algunos funcionarios de esos mismos organismos judiciales o de seguridad, solo vienen a darse cuenta de lo reprobable y personalmente doloroso de ese tipo de conductas cuando ellos mismos resultan víctimas de sus propios precedentes. Supongo que la columnista en mención no recuerda las avalanchas de información que salían de la Fiscalía para ambientar la condena del almirante Arango Bacci, finalmente absuelto por la Corte Suprema. O el engaño al que sometieron al rector de un colegio en Cali, en el caso de las coberturas educativas, para que se auto-incriminara y portara equipos de grabación del CTI intentando comprometer a otros en actividades delictivas, sin que nunca le cumplieran los acuerdos, o las muchas veces que presentaron grandes operaciones de captura que solo sirvieron para arruinarles la vida a quienes a los 10 días eran inexorablemente liberados por el Fiscal que debía definir la situación jurídica.


El peligro del poder es precisamente ese: el de hacerle perder a sus ocasionales ostentadores su misericordia humana. Ese riesgo es mayor aún, cuando las facultades legales que se tienen son las de disponer de la libertad y los bienes de personas que para algunos funcionarios no son más que una cifra en un informe de Policía Judicial o en la carátula de algún expediente. Ponerse en los zapatos de los otros puede ser una buena terapia para quienes han llegado a tal extremo de arrogancia del poder que no solo descalifican las garantías procesales porque se creen a salvo de cualquier problema legal, sino que abogan por suprimirlas o, por lo menos, reducirlas.


Mucho me temo que la peor pesadilla de algunos de esos funcionarios que equivocadamente confían en la eternidad del poder es que se haga realidad la petición final que la ex directora escribe en su columna. Que viudos del poder, los traten de la misma forma en que ellos trataron a los otros.
Twitter: @quinternatte