En estos momentos aciagos de encrucijada nacional, en el que la justicia se desprestigia más, no se requiere ser un estudioso de la historia para recordar actos inmorales.

La conducta de Marco Bruto, siempre permanecerá en nuestra mente, ya que en un hecho sin precedentes es conocido por ser uno de los principales conspiradores involucrados en el asesinato de Julio César en el 44 a.C.

Poncio Pilatos caracterizado por su hipocresía, conocedor de la inocencia de Jesucristo, temiendo una reyerta mayor del pueblo, cedió ante ellos y lo hizo lavándose las manos diciendo: “Inocente soy de la sangre de este justo”.

Por ello debemos destacar la obra del doctor Ricaurte Losada Valderrama titulada “La Justicia al servicio de la Política”, en la que describe en primera persona el viacrucis que le hicieron vivir sus enemigos políticos, con el fin de eliminarlo del campo político.

Narra la confabulación de un Procurador, que desde su despacho empieza a preparar su capitis diminutio.

Se urdió todo un montaje de la Procuraduría General, al que le siguió otro de la Contraloría Distrital, organismos que hicieron parte del andamiaje, con el cual le usurparon el apoyo popular para sacarlo del Senado e inhabilitarlo a perpetuidad.

Siendo concejal Ricaurte Losada en 1991 el procurador de ese entonces, envía una carta al Concejo de Bogotá, en la que solicitaba se corrigieran irregularidades ancestrales, concernientes a la actuación de los concejales suplentes y, además, notificaba que la partida para auxilios incluida en el presupuesto no podía ejecutarse.

Uno de los cargos más relevantes consistió en que la Fundación Jorge Eliécer Gaitán, institución que distribuía los auxilios educativos, otorgó a dos de sus familiares, un total de $ 250.000.oo beneficio que, pese a no proceder de dineros oficiales, se utilizó como pretexto para construir un peldaño más en la conspiración.

Intentan convertir en delito la expedición de unos acuerdos del Concejo de Bogotá, no suspendidos, y menos anulados por el juez competente.

El sonado escándalo político sobre los auxilios del Concejo de Bogotá y el espectáculo promovido a su alrededor comprendía dos aspectos: uno, la legalidad de los Acuerdos 23 de 1990 y 13 de 1991, a través de los cuales se autorizaron y, dos, el destino dado a los dineros por los concejales que los distribuyeron.

En cuanto a la contraloría, la actuación violó, no solo el principio de contradicción de pruebas, sino los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, reviviendo así las bárbaras épocas de la inquisición.

La Corte lo exoneró, pero una vez cumplido el propósito de la eliminación política, lo encarcelaron para escarmiento por haber denunciado su complicidad con el presidente Gaviria, cuando decidió refrendarle la convocatoria de la Asamblea Constitucional.

Se presentaron situaciones tan extremas que hasta el derecho fundamental de defensa se intentó convertir en delito.

Así comenzó a florecer la corrupción en años anteriores, y que hoy el cartel de la Toga y el escándalo de Odebrecht ya producen olores nauseabundos.