Los colombianos elegimos; elegimos con fe y sin odio, elegimos juventud y transparencia, elegimos justicia y no impunidad, elegimos combatir la corrupción y derrotar la politiquería y el clientelismo, elegimos un sistema económico productivo y una política social que erradique la pobreza; elegimos a Iván Duque.

Lleva pocos días y sin embargo ya lo vemos convirtiéndose en el líder de los destinos de los colombianos. Tiene carisma, es estudioso e inteligente. Los grandes temas de la Nación ocupan todos los momentos de su pensamiento. Se anuncia como un gran Presidente, un Presidente para todos.

Hemos tenido el primer asunto que trata el acuerdo de La Habana; la reglamentación de la ley estatutaria de la JEP. Hemos sostenido que no se puede emitir una reglamentación hasta tanto la ley estatutaria exista. Hoy no existe, no ha sido sancionada por el Presidente, quien solo podrá hacerlo cuando la Corte Constitucional se haya pronunciado al respecto. Reglamentar lo que no existe, no obedece a los principios del derecho y lo que es más grave impide que el fallo de la Corte tenga verdadero impacto, pues las precauciones o inexequibilidades que decrete como el espíritu que oriente ya estará desconocido en la reglamentación. No por mucho madrugar amanece más temprano.

Otro argumento es que la norma en discusión no es una reglamentación, no es cierto. Lo es, así lo expresa la exposición de motivos y el artículo primero. 

Una ley estatutaria requiere mayorías calificadas para su aprobación en el Congreso, precisamente por la naturaleza especial de los asuntos que trata. Sus lineamientos son imperativos para las leyes inferiores. Se trata de una ley tan importante que requiere como requisito de existencia la revisión de la Corte Constitucional. Sacar las normas que de ella se desprenden sin que haya hecho el análisis la Corte es burlársele del procedimiento, y hacerle trampa a las decisiones de la Corte.

No sorprende que este gobierno insista en hacerlo. Poco respeto han tenido por la democracia, no les dio pena desconocer el plebiscito. Por respeto con la Constitución, avalaron un fast track que pretendía silenciar la oposición, y que tuvo que ser moderado por la Corte Constitucional. Poco respeto ha tenido con la propia Corte que maltrataron por modificar algunos minúsculos asuntos del Acuerdo de La Habana; y a la que pretenden fletar ideológicamente imponiendo magistrados no por sus calidades académicas, sino por su compromiso en defender la ley.

Respetamos el mensaje de urgencia e insistencia del gobierno, pero no consideramos que debamos por ello proceder en contra de nuestros principios.

Además de lo expresado consideramos que la JEP debe incluir una nueva sala con nuevos magistrados elegidos por méritos, que atienda los asuntos de las Fuerzas Armadas. Requerirá un procedimiento donde se respete la presunción de inocencia y la defensa de la honra y el buen nombre, y por lo tanto no condicione la libertad a la confesión. Esa sala deberá tener la capacidad de atender también las revisiones de sentencias.

Para que la JEP pueda existir también es prioritario que los responsables de crímenes de lesa humanidad no puedan estar en política hasta tanto no hayan reparado a las víctimas y cumplido la pena. 

Este es un nuevo gobierno que no hará trizas las acuerdos, pero tampoco aceptará lo que es inaceptable para la mayoría de los colombianos.