Límite de influencias

Quiero  comenzar por dejar algo claro. No estoy en contra de la homosexualidad, no la considero una aversión, pero sí creo que la idea principal de la unión entre hombres y mujeres no sólo permite buscar igualdad de género en la balanza de la vida (distribución económica, acceso a bienes, etc) sino que, también, produce lo que más necesita un Estado: ciudadanos.

A pesar de que mi opinión se desprende de la anterior premisa, creo que las palabras del padre Pedro Mercado extralimitan el rol de la Iglesia y van en contravía de la premisa constitucional según la cual Colombia es un Estado laico.

El punto al que quiero llegar es el siguiente: más allá de mis opiniones, o las de las personas con las que suelo discutir estos temas, hay dos variables que deberíamos tener cuenta y que se deben aceptar.

No son elementos cuestionables y si bien se pueden debatir, dicha discusión no se debería abordar desde la validez de los hechos sino sobre las conveniencias y los límites de las mismas.

La primera es una premisa básica: la homosexualidad existe, y no es una manifestación exclusiva de la sociedad contemporánea.

La segunda, y más importante o confusa, es que para el caso específico de los notarios, su trabajo está encaminado a garantizar el buen obrar del Estado. Un actor que si bien no es superior a la Iglesia o a sus creencias, tiene como propósito permitir que todos los ciudadanos tengan las mismas garantías a la hora de realizarse como personas, sin importar su ideología política o religiosa.

El padre Pedro Mercado tiene la libertad de exponer su visión de mundo y de hacer propaganda a su credo. Sin embargo, pretender restringir el que la mano del Estado llegue a la totalidad de sus ciudadanos es una posición anacrónica. Más próxima a esa Edad Media cuando religión y Estado formaban parte de una única visión de mundo.

Dice Pedro Mercado que el Estado violaría los derechos de los notarios al obligarlos a incurrir en un acto que ellos consideran moralmente ilícito, algo en lo que estoy parcialmente de acuerdo.

Mi opinión es que el padre incurre en el error de desconocer una realidad con la que la humanidad ha convivido desde tiempo atrás y sobreestima el alcance de las restricciones católicas al asumir que sus notarios están dispuestos a interponer sus creencias personales sobre sus obligaciones laborales.

Me pregunto lo siguiente: si el Estado adoptara una posición similar a la de la Iglesia Católica, y amenazara a todos sus notarios con la suspensión del estatus a quien se niegue a cumplir sus funciones ¿Cuántos de ellos abandonarían su notaría en pro de defender su filiación religiosa?

@barrerajavier