La decisión de la JEP de negar la extradición de Jesús Santrich confirma que esa jurisdicción solo favorece los intereses de las Farc. Estamos en un estado de cosas antijurídico donde los mafiosos vuelven al Congreso, amparados esta vez con una justicia hecha a su medida. La gravedad de los hechos no puede subestimarse. Colombia ha dado una cruenta guerra contra el narcotráfico donde han perdido sus vidas miles de colombianos. La memoria de este esfuerzo hoy duele más que nunca.

La evidencia que tenía la JEP es más que suficiente para haber permitido la extradición. Recordemos que hoy no hay ley estatutaria y por lo tanto, deben someterse a lo dispuesto en los acuerdos y la ley de procedimiento. La prueba que puede practicar la JEP se circunscribe a la fecha de la ocurrencia de los hechos. Su única responsabilidad era establecer si los hechos sucedieron antes o después del primero de enero de 2016. Tenían en video, tenían las declaraciones juramentadas... nada les alcanzó porque pretendían juzgar la conducta y no la fecha. Incluso se atreven a calificar de ilegales las pruebas recaudadas en los operativos de la DEA en coordinación con la Fiscalía. Van más allá y ordenan investigar a los funcionarios de la Fiscalía. 

Se extralimitaron, y hay en mi opinión un prevaricato. Este delito quedará impune por la amañada manera mediante la cual la corrupción en la rama judicial es imposible de investigar y de juzgar.

Tres y casi cuatro de las objeciones del presidente Duque estaban encaminadas a que el país no quedará maniatado para seguir dando la lucha contra el narcotráfico. El frenesí de derrotar al gobierno o de defender los acuerdos, encegueció a líderes y seguidores. No quisieron oír, ni hablar, ni entender. Imagino que al menos uno hoy, ha de lamentarlo. Hay varios narcotraficantes catalogados entro los más peligrosos del mundo que están colados en la JEP. ¿Que podemos esperar para ellos? ¿Más de lo mismo?

La JEP es todo lo que habíamos pronosticado que sería y un poco más. Si en este caso inicial y de toda la visibilidad, donde el país entero ha visto las pruebas y tiene el empeño de los EE.UU, deciden en contra de toda la evidencia; cómo será en los casos por venir. Esta es una prueba irrefutable de la parcialidad de esta justicia, y es mal pronóstico para todo lo que viene. Los demás procesos, menos públicos y más olvidados, terminarán siendo una repartida de impunidad descontrolada y silenciosa.

A los colombianos no les queda duda alguna de la falta de imparcialidad, lo que sucede es que para algunos la desmovilización amerita esa impunidad. No creo que nadie piense que la JEP es un aparato de justicia justa. En el acuerdo de La Habana quedó pactada la impunidad porque y por eso están los criminales de las Farc sin decir verdad, sin pagar penas, sin haber reparado a las víctimas, incluso delinquiendo después de haber firmado, sentados en el Congreso. Lo que sigo sin entender es porque quienes están de acuerdo con esa impunidad (les parece un precio justo por la desmovilización) en cambio pretenden someter al desprestigio y a juicios politizados a los miembros de la fuerza publica.

La decisión del Fiscal General de renunciar demuestra su entereza y su apego a los principios democráticos del estado de derecho. Lo felicito porque a este país le hacen falta muestras de carácter. Los colombianos debemos defender nuestras instituciones, y seguir la dura batalla de lograr instituciones en las que podamos confiar todos, todos los colombianos y que nos otorguen una justicia justa.

Álvaro Gómez no estaba equivocado a finales de los 90 cuando dijo “Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales”. En ese entonces hacía referencia a dineros del narcotráfico que habían tocado las campañas presidenciales. Hoy, 20 años después volvemos a lo mismo.