COSAS QUE PASAN
Petro y 500 alcaldes
Está en circulación, tanto en Madrid (España) como en Bogotá, la tercera edición de un pequeño libro de cuentos del cual soy autor, titulado: Vida y Muerte en Santamagna, obra que, por muchas razones dediqué al periodista Daniel Coronell, aunque también pude dedicarlo a Daniel Samper Pizano, a Alberto Abello, o a cualquier otro periodista que dentro de sus circunstancias sea independiente y en alguna forma amigo personal.
Quizá me falte modestia al expresarlo, pero creo estar prestando un servicio a Colombia cuando en el primero de los cuentos publicados ahora, titulado ¿Roban a los Alcaldes?, trato de mostrarle al país que, dado el hecho de que no se ha dictado la Ley ordenada en el inciso final del artículo 314 de nuestra norma de normas, la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, afortunadamente ya reintegrado, al igual que la destitución de aproximadamente otros 500 alcaldes municipales, han sido actos oficiales claramente apartados de nuestra Carta Política. Las razones de lo afirmado, son claras y simples. Basta anotar que desde la Carta Política de 1991 y principalmente desde la Reforma del año 2002, se expresó que el Presidente de la República en el caso de Bogotá y los gobernadores en el resto del país, tendrían la facultad de suspender o destituir a los alcaldes, pero se agregó textualmente que: “La Ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esta atribución”. Dado que esa Ley, ordenada en la Constitución, no ha sido dictada, es apenas natural que la potestad de destituir no pueda ser ejecutada. Parece jurídicamente obvio que la facultad constitucional de suspender o destituir alcaldes, cuyo ejercicio está condicionado por la misma Constitución, a la expedición de una Ley, no puede ejercerse mientras no esté cumplido el Mandato Superior. Lo demás, aunque es una cita o ejemplo pedestre, sería como: “ensillar antes de traer las bestias”.
En el segundo prólogo de la tercera edición de mis cuentos, el abogado y periodista, Benjamín Losada Posada, noble y leal amigo de toda una vida, expresa algo que me enorgullece y crea expectativas, dice: “El último relato…, más que un magnífico cuento, tan actual o moderno que alguna parte de su trama no ha terminado, es toda una cátedra de derecho constitucional. A mi juicio constituye una bomba jurídica que cuando estalle en las manos de los lectores, moverá al país”.