Y arrancó el problema…
En esta columna señalábamos el valor del actual Presidente y del Congreso al haber promulgado la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero de la misma manera las grandes dudas que genera esta ley por su impacto fiscal que puede ser descomunal para las finanzas públicas y el desorden administrativo de la justicia que puede llevar a errores en la aplicación de la ley y que al final pueden llevarse la propia ley por delante.
¡Dicho y hecho! Arrancamos con el caso de Mapiripán en donde se demostró que la masacre ocurrida en 1997 no era de las dimensiones que señaló la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque vale la pena decir que es inaceptable cualquier violación al derecho a la vida, es igualmente vergonzoso que existan bandas y carteles de abogados que estén reclamando cuantiosas indemnizaciones por víctimas que nunca lo fueron. Así las cosas, con semejantes bandas de criminales, el efecto de la Ley de Víctimas puede ser peor del esperado por el abuso ilegal de la norma.
Por esto es bienvenida la actuación del Procurador General de la Nación cuando anuncia la investigación contra ONG que “actuaron como bandas criminales” en el caso de Mapiripán y ojalá de paso investigue al milímetro la actuación en este y en otros casos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Se anticipa que la investigación es por presunta participación en los delitos de fraude procesal y falsedad en indemnización de las víctimas. De paso alguien debería investigar en otro lugar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por “inocente” y por su incapacidad para hacer una juiciosa investigación.
Esto que creíamos era apenas un error aleatorio, parece no serlo de llegarse a confirmar que algo similar pudo haber pasado en el caso de los falsos desplazados de la granja Las Pavas en el sur de Bolívar. Como lo dijo el presidente Santos podemos estar enfrentando un posible montaje de desplazados, con el respaldo aparente de otras ONG, que de confirmarse, prenden una alarma en rojo del manejo que algunos abogados y líderes sociales pueden estar dándole a los temas del conflicto en Colombia.
Aspiramos a que la Fiscalía acelere la investigación en el caso de Las Pavas, y nos evite un nuevo escándalo de proporciones mayores, en la medida en la cual el Ministerio de Agricultura ha identificado éste como el gran caso de aplicación de la Ley de Víctimas. Mi única sugerencia es que es mejor ir más despacio en eso, antes de cometer un nuevo error.
Toda investigación y retraso que evite el fracaso futuro de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, será siempre bienvenida.
De postre
La ausencia de criterio económico y empresarial de la Justicia en Colombia es aterradora. Ahora la Contralora pretende usar las regalías para 500 nuevos burócratas. Nada distinto a lo que el Presidente del Consejo de Estado propuso antes en la Reforma a la Justicia.