Salvavidas para Bogotá

No sorprende que haya alerta roja en Bogotá y en buena parte del país en cuanto a movilidad y transporte, porque no se tiene, al menos en marcha, el plan de infraestructura y la recuperación de la malla vial nacional y local.

A punto de comenzar en firme los tratados de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, sólo se advierten preparativos a paso lento para abrir licitaciones, bajo el paraguas de las disculpas, “porque se esperaba que amainaran las lluvias”, según funcionarios de gobiernos departamentales.

Al margen de la situación con cara de emergencia, se preguntan directivos de compañías especializadas en ingeniería vial cómo es posible que más de cinco empresas colombianas sean ejecutoras de importantes proyectos en distintas ciudades de países de Centro y Suramérica, en lugar de hacerlo a todo vapor en Colombia.

Concluyen que la credibilidad se mantiene en el exterior, con puntaje alto, en calidad, diseño y cumplimiento.

La prueba está a la vista en Guatemala, Honduras, Panamá y Costa Rica, donde participan con el Estado, en tanto que, con características similares, trabajan con particulares de Ecuador, Perú y Uruguay.

Las compañías colombianas de ingeniería vial están a salvo, lejos de corrupción o de todo velo de duda. No puede confundirse una actividad profesional con ‘negociadores de contratos’ hoy en manos de la Justicia.

La ingeniería colombiana considera oportuna la Ley que establece la asociación público-privada para la construcción de infraestructura. Este escenario tiene fondo iluminado por el buen momento de la economía.

La concesión se impone en países latinoamericanos con economías más pequeñas que la colombiana y, sin escándalos ni demandas, porque funcionan los controles anticorrupción.

La nueva Ley, facilita el hacer una llave, entre Estado y particulares, para obras viales y de transporte, sin levantar murallas, frente a la empresa privada, nacional y extranjera, con el argumento de que la corrupción ronda a toda hora.

Con cabeza fría se pueden definir las obras prioritarias, para construirlas y administrarlas a la luz del día. Así se evitarían interminables procesos jurídicos, que encarecen los costos de los proyectos y deterioran presupuestos nacionales y regionales.

La concesión es el salvavidas para Bogotá, al borde del caos, y lo puede ser para el resto del país.