Cuando en el 2006 el gobierno panameño presentó las bases del referendo por el cual se aprobó por la ciudadanía la ampliación del canal, se predecía que esta mega obra  impulsaría el crecimiento de la economía a un promedio del 5% anual.

La obra  está encaminada a  capturar para el canal el  tránsito de los llamados buques post-panamá (más de 8000 contenedores), que hoy no caben por las viejas infraestructuras canaleras. Pero  que constituyen, sin embargo, la mayoría  de la flota de buques de transporte que se operan actualmente en el mundo.

La ampliación del canal es crucial  para la  sobrevivencia económica de Panamá. A la fecha solo el 25 % de la carga que va de Europa y la costa este de los Estados Unidos hacia el Asia y viceversa cabe por el obsoleto canal, construido hace ya  100 años. La obra es, pues, de vida o muerte para Panamá. Y para el comercio internacional.

Por eso, la noticia de que la autoridad que maneja el canal ha entrado en  conflicto con los constructores, encabezados por la firma española Sacyr, que  está solicitando un reajuste en el valor pactado, ha despertado gran expectativa internacional.

Estaba previsto que la ampliación (que en síntesis consiste en la construcción de un nuevo conjunto de exclusas más amplio que el actual) estuviera lista en el 2014. Ahora ya se ha postergado la entrega para 2015. Pero el gran interrogante es si estos tropiezos financieros podrían acarrear la suspensión de los trabajos, como ya ha amenazado el consorcio constructor, de no llegarse a un arreglo amigable con Panamá.

En cuyo caso la obra enfrentaría un impasse mayúsculo, apenas comparable al que hace un siglo enfrentó  la compañía Francesa de Ferdinando Lesseps que, como es sabido, tuvo que dejar tirada la obra en mitad de camino hasta que la retomaron los norteamericanos.

La ampliación del canal de Panamá es, probablemente, la obra de infraestructura más ambiciosa que se desarrolla actualmente en América Latina. Tiene un costo del orden de 5,5 billones de dólares. El consorcio constructor ha presentado reclamaciones de reajuste del valor de la obra por US $ 1,6 billones alegando que los estudios geológicos que les entregó la autoridad panameña en un comienzo estaban errados, y que el costo en que están teniendo que incurrir en el asentamiento del terreno de las esclusas es muchísimo mayor que el originalmente acordado. Además, el consorcio, afronta en la actualidad una delicada situación de liquidez.

Se vienen haciendo todas las gestiones diplomáticas y financieras para evitar el peor de los escenarios que sería la suspensión de las obras. Ya el presidente Martinelli ha iniciado gestiones ante los gobierno Español e Italiano a los cuales pertenecen las empresas constructoras.

Algunos, inclusive, han salido a decir que con los costos que licitó originalmente el consorcio liderado por Sacyr, y que en su momento derrotó a la constructora Norteamericana Betchel, que fueron 7%  inferiores, era absolutamente imposible concluir el trabajo. La historia de siempre: se licita por debajo, se gana la licitación y luego, en mitad de camino, se solicita el reajuste. El gobierno Panameño hasta el momento no suscribe esta hipótesis.

Los contratos contemplan la cláusula compromisoria por la cual, ante un diferendo, se someterá la controversia a un tribunal de arbitramento constituido bajo la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Miami. Probablemente, si no hay un acuerdo previo rápido, allí se llegará.

Lo que en el fondo sería una solución menos mala que la suspensión abrupta de la obra. Como aconteció hace un siglo con la compañía de Lesseps.