El presidente Julio Cesar Turbay pasó a la historia por muchas de sus frases. Quizás la más famosa fue "En mi gobierno reduciré la corrugación a sus justas proporciones". Parece que no pudo cumplir su promesa porque, sencillamente, en Colombia la corrupción no tiene ni límites ni proporciones. Esa plaga en nuestro país se presenta en todos los niveles y en todos los sectores y es producida por todo tipo de agentes, aun lo que menos piensa uno. Y lo más grave es que ese desbordamiento contaminante ha sido siempre acompañado, no sólo de una insana laxitud moral, sino también por la más rampante y desafiante impunidad.

Desde hace muchos años la cosa pública se ha convertido en apetecido botín de los inescrupulosos, sean estos políticos, funcionarios  o miembros del sector privado. La ética pública es una de las asignaturas deficitarias de nuestra dirigencia nacional y la cosa pública se ha convertido, gracias a esta falencia, en el gran botín de todos los que medran del presupuesto nacional a las dos orillas de la contratación estatal.

Esas grandes figuras de la historia que en su momento birlaron como celosos y vigilantes Catones hoy ya no existen. Lo más triste de todo es que la actividad  de una clase política sin clase sólo busca el rédito personal y desde la temprana infancia las generaciones colombianas lo único que aprenden es cómo enriquecerse a la mayor velocidad posible y sin la menor responsabilidad moral. Es un mal que no sólo se ha convertido en visceralmente epidémico, sino amenaza en enquistarse como endémico. Es la peligrosa vivencia de instaurar la corrosión como cultura.

Una cultura que se va consolidado gracias a la indiferencia e insolidaridad de nuestra sociedad y a la esencia de la administración de  una cabal y eficiente justicia. El propio presidente de la Corte ha advertido que la justicia y su organismo van camino de un colapso sin no se le dan los recursos necesarios para luchar contra la rampante corrupción. Según él solo hay cuarenta jueces, cada uno con mil expedientes a su cargo y se necesitan mínimo otros cien. Por donde se mire es un espectáculo lamentable y de una extrema gravedad.

Obedrecht  se proyecta como la quinta esencia de este flagelo. Y como él habrá cientos de más compañías que abusando de su poder y de la atonía moral reinante hacen su agosto con las arcas del erario. Llevamos décadas de escándalos de esta naturaleza producidos por multinacionales de similar catadura y lo único cierto es que el país nunca ha visto castigos ejemplares para esta clase de calaña empresarial. Todo el estado debería orquestarse con la Fiscalía General para llegar hasta las últimas consecuencias de este episodio que nos debe avergonzar como nación. Recordemos con Mockus: "Lo público es sagrado".

Adenda

El Alcalde Enrique Peñalosa le contó a Yamid cómo hace que los contratos distritales sean transparentes. Se debería seguir el ejemplo a nivel nacional.