Los acontecimientos de los últimos días han revivido la necesidad de adelantar una reforma a la Justicia que rescate el valor que ella tiene para la convivencia y armonía sociales. En los últimos años hemos padecido un proceso de decaimiento en el ejercicio de esa actividad fundamental en el Estado de Derecho, que se ha traducido en una continua pérdida de credibilidad y legitimidad en esa función insustituible en un régimen de libertades.

Esa inquietante percepción se ha generalizado a tal punto que, hasta las propias Cortes, en reciente comunicado conjunto, reclamaron respeto por sus decisiones que, según ellos, “se toman con rigor y sensatez dentro del orden establecido.” Ese acongojado lamento expresa una tardía constatación del inocultable quebranto en el ejercicio de sus competencias, cuyo restablecimiento escapa hoy a sus principales artífices.

Son múltiples los ejemplos de sentencias violatorias del régimen constitucional y legal que nos rige. Pero, algunas de ellas, son altamente ilustrativas de la pérdida creciente de los dos valores fundamentales de la Justicia: imparcialidad e independencia. Las sentencias de la Corte Constitucional sobre el plebiscito y su refrendación, y sobre la intangibilidad del acuerdo de paz, después de haber sido rechazado en las urnas; la del Consejo de Estado, extendiendo el fuero de Congresista a Santrich , quien no se había posesionado porque se encontraba a buen recaudo en la Picota, en vía de extradición a los Estados Unidos, y que sirvió para facilitar su fuga y asegurarle impunidad; o la otra de esa Corporación, que condenó al Estado por el ataque perpetrado contra el Club el Nogal; la de la Corte Suprema que le restó validez a las pruebas incautadas en el campamento de Raúl Reyes que aludían a la Farc-política; la de la novel Sala de Instrucción de esta misma Corte, con la que se rehusó a la detención de Santrich, como lo exigía la evidencia del peligro de su no comparecencia, y resolvió cobijarlo con pródigo sentimiento de confianza, en un desvarío monumental de las obligaciones del juez de instrucción; y la última de esta Sala, que en mamotreto de más de 1.500 folios intentó vanamente convertir en sujeto peligroso para la integridad de las pruebas al expresidente Uribe, y lo confinó a detención domiciliaria para dificultar su defensa e impedirle el legítimo ejercicio de su liderazgo político desde hoy al 2022

No extraña, entonces, la desconfianza que hoy ronda las decisiones de los jueces y que debilita poderosamente al Estado de Derecho, porque derrumba los dos pilares esenciales de la Justicia; imparcialidad, postrada ante su creciente politización, e independencia, porque tributaria de intereses que le son ajenos. Hoy más que nunca es imperativa la reforma de la Justicia, para que no la conviertan en coto de caza de intereses partidistas y ambiciones de sátrapas. Los colombianos creemos que el respeto no se impone, se construye. Es lo que no han entendido las Cortes en el peor momento de la justicia.