“Hay todo un programa político por construir”
Transcurridos 18 días desde la marcha del 21N, la protesta amaina, pero no termina. El Comité de Paro, desbordado por la nutrida presencia de ciudadanos ajenos a las organizaciones sindicales, estudiantiles e indígenas que lo componen, pretende hoy asumir la vocería excluyente de la protesta social a pesar de representar una inmensa minoría de los marchantes. Condenados a la intemperancia, conminan al gobierno a una negociación sobre 13 puntos que presentan a manera de ultimátum y revelan el propósito de arrodillarlo y someter al estado colombiano. Cuando lo que se necesita es crear nuevas políticas, su principal énfasis es suprimir y prohibir: retirar la reforma tributaria; anular el decreto que crea el holding financiero, la circular sobre estabilidad laboral y el plan de Desarrollo; no presentar reforma laboral, ni pensional; no privatizar ni enajenar bienes del Estado; disolver el Esmad y depurar la Policía.
Es un canto a lo negativo, una invitación al statu quo, al inmovilismo social, y la estagnación económica que no se compensa con llamar a la revisión de los TLC, o al cumplimiento de acciones ya en marcha, como el trámite de los proyectos anticorrupción, de los acuerdos con estudiantes, indígenas y de reinserción de excombatientes de las Farc, o de las políticas ambientales y de protección de los Páramos que cuentan ya con instrumentos legales y proyectos en curso de aprobación.
Esa acentuada miopía no justifica los inmensos perjuicios que se le han causado a la economía nacional, a la movilidad y seguridad de los ciudadanos y a los intereses legítimos de distintos sectores productivos del país. Se equivocan cuando, a falta de espíritu propositivo, amenazan con tomas de ciudades que suscitarán violencia y destrucción y que explican su insistencia en diálogos con el Eln, sin exigir el cese de sus acciones criminales.
Lo importante ahora es profundizar en la conversación nacional para entender las razones del inconformismo ciudadano, sus aspiraciones y visiones de una democracia más participativa para construir el entramado legal que la permita. Por ello, el procedimiento no es excluir del diálogo a los distintos sectores de la vida nacional, sino incorporarlos, incluidos los representados en el Comité del Paro, para fortalecer el régimen democrático y la construcción de una sociedad en la que quepamos todos, con nuestras divergencias ideológicas, nuestras distintas aspiraciones y nuestras disimiles militancias políticas, pero unidos en las garantías al ejercicio de nuestros derechos, a la realización de actividades productivas que potencien la libre empresa y el bienestar, y a la vivencia de una existencia digna que todos merecemos sin excepción.
Hay todo un programa político por construir. Ese es el reto ineludible de un pacto de gobernabilidad que convoque a los colombianos y que hoy es inaplazable.