Para consolidar la paz tenemos que seguir adelante y la prórroga del cese al fuego bilateral garantiza que puedan definirse, con sentido común, los ajustes al acuerdo que no obtuvo la refrendación popular en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.

En el documento suscrito por el Gobierno con las Farc se consignó el  Bloque de Constitucionalidad, es decir la incorporación a la Carta de lo pactado para garantizar su cumplimiento, la introducción de disposiciones como la del establecimiento de una Jurisdicción Especial distinta de la  ordinaria. No obstante, el principal efecto del plebiscito se refiere a la  intangibilidad de las normas en el más alto nivel de la pirámide jurídica.  

Dentro del ordenamiento nacional resulta factible determinar prescripciones transitorias legalmente,  la creación dentro de la justicia ordinaria de un sistema transicional, la aprobación de la amnistía para los guerrilleros no incursos en la comisión de delitos atroces, la regulación de penas, el reconocimiento del derecho a la participación política, el otorgamiento de curules en el  Congreso, el desarrollo del proceso de desmovilización e incorporación a la vida civil, lo concerniente con la entrega de las armas y su verificación,  la protección de quienes ingresan a la competencia democrática, lo  necesario para afianzar la concordia. No cabe, el narcotráfico como delito político conexo con sus consecuencias de permisibilidad, ni la extensa enunciación de  derechos y garantías contenidos en el acuerdo  incorporada en bloque a la Constitución,  la transmutaría, rompería el principio de igualdad.  Si se avanza en diálogos con el ELN y se firma otro pacto espero que no haya más Bloques de Constitucionalidad.     

La actitud  de las Farc es positiva,  existe voluntad de contribuir a un consenso para llegar al posconflicto; pero,  el imperio de la Carta se reafirmó en las urnas,  ella no podrá reformarse sino según lo establecido,  lo cual no significa desconocimiento del derecho humanitario, ni  de reglas generales aceptadas por los Estados, ni de la integración jurídica  supranacional.  

Es importante renovar el agradecimiento a los gobernantes del mundo interesados  en la paz de Colombia, a los organismos,  instituciones y personas que han efectuado aportes de diversa índole, sin embargo  anotamos que el enfrentamiento con la guerrilla durante cincuenta y dos años no ha sido de carácter internacional sino interno, que somos responsables de finiquitarlo para asegurar la convivencia. Instaurar las garantías para el cumplimiento de lo pactado no tiene por qué  sustituir  a la Constitución, ella rige para todos los ciudadanos y no por partes, corresponde acatarla, contiene bases suficientes para  la implementación del acuerdo final y su ejecución.