Al calor de una campaña presidencial, aflora siempre el tema de la administración de Justicia, tema que llama a gritos desde hace tiempo por una reforma integral.  ¿Porque hay que reformar la justicia?  Porque no se pueden concebir la paz ni la seguridad ciudadana, el progreso de un pueblo, su bienestar y su inclusión en un mundo globalizado, su triunfo frente a la corrupción, sino mediante una justicia sólida, autónoma e independiente, plural, solidaria, organizada, limpia, moderna, cumplida, sintonizada con las necesidades de los justiciables y con las exigencias del tráfico contemporáneo.

Con las circunstancias de los últimos tiempos, donde la corrupción generalizada se apodera del país, que se viene asomando incluso a jueces o exjueces de las Altas Cortes, se torna necesario volver a la reflexión sobre la necesidad inaplazable de realizar una reforma integral a la justicia en el país.

Ha llegado el momento de que el problema de la justicia deje de ser contemplado parcialmente como sí todo se redujera a un tema de congestión judicial, o de impunidad, por relevantes que sean estos temas, para contemplar otros de acentuada significación que deben tenerse en cuenta en el planteamiento de las soluciones.

El revolcón estructural que necesita la Justicia en el país va más allá de señalar lánguidamente que es un problema ético o del componente humano.  El diseño de esta rama del poder público quedó con deficiencias en la Constitución de 1991. Se atomizó la rama jurisdiccional en cuatro cortes, además, posteriormente se le agregó otra, por exigencias de las Farc, la Jurisdicción especial para la Paz (JEP); todo esto hay que articularlo.  

A las competencias jurisdiccionales de las cortes, se agregaron otras de carácter electoral, para elegir funcionarios diferentes a la misma rama.  Ello lleva no solo a la distracción de la función judicial en cuestiones que no son de su incumbencia, sino que además pone a los magistrados en procesos electorales, que terminan en injerencias políticas, como el país lo ha comprobado. Se han puesto paños de agua tibia a la solución del problema, devolviendo la elección al Congreso, con unos remedos de concurso, que, desde su inicio, tienen cantado al futuro elegido.

La verdadera paz de Colombia precisa de una justicia fuerte, independiente, sin corrupción, con tecnología y con una adecuada infraestructura; sin impunidad en las causas penales.  El compromiso de quienes aspiran a la primera magistratura debe ser el de poner todo su liderazgo para que estos propósitos sociales e institucionales se hagan realidad en Colombia.  Que los habitantes de esta nación puedan contar con una administración de justicia que garantice el goce de sus derechos; que todos tengan acceso a sus servicios, por pequeña que sea su causa o por escasos que sean sus recursos económicos.

Llevamos varios gobiernos, un gran número de comisiones y varios intentos de reforma; los mismos que se han frustrado e incluso contaminado por torcidos intereses.  Esperemos que en el próximo cuatrienio sea posible lograr la solución a los problemas que enfrenta la administración de justicia en el país.