Los términos en el acuerdo de Paz de la Reforma Rural Integral (RRI) son: “Que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo …regularizando  y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social” y para alcanzarlo se proponen: “mecanismos ágiles  y resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra,  garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad en el campo; resolver los conflictos relacionados con los derechos de tenencia y uso de la tierra; … con mecanismos que garanticen un acceso a la justicia que sea ágil y oportuno.”

Para la muestra un botón: En el municipio del Guamo-Tolima,  Iván Rodríguez Prada fue privado de una servidumbre,  con más de cincuenta años de antigüedad, por su vecino Adriano Rodríguez Flórez, para obligarlo a la venta del predio. La víctima inició un proceso de policía en agosto de 2015, hasta la fecha nada ha ocurrido, solo que para interrumpir una diligencia se cortó la luz en el despacho del inspector. Muchos vecinos sufren esa perturbación, pero nadie los protege. 

El conflicto por la tierra comenzó en septiembre de 1810, cuando el Gobierno de la “Republica”  acabó con los resguardos indígenas entregándolos a los  terratenientes. Otro episodio es la burla  a la ley 57 de 1905, “Amparo Administrativo de Policía por Ocupación de Hecho”. Más tarde se expidió la ley 200 de 1936, otro engaño más al pueblo.

  El gobierno de Alberto Lleras  aprobó la ley 201 de 1959, que consagraba nulos los contratos  de  propiedad rural que se hacían abajo la violencia de las zona. No se iniciaron procesos  por las amenazas de los terratenientes beneficiados con el conflicto.

Luego se expidió la ley 135 de 1961, que pretendía una reforma agraria, intento que fracasó,  principalmente por el Acuerdo de Chicoral, que “acuñó” el concepto de “calificación de tierras”,  con el cual se eximió de la expropiación a los terrenos “bien explotados”. De manera que a los campesinos se les adjudicaron tierras incultas,  que no estaban ellos en capacidad de explotar y los que intentaron se quebraron por falta de recursos y tuvieron que vender a los “vecinos”.

Este  boicot  a la reforma agraria se quiso enmendar con la ley 160 de 1994, expedida para “Promover y consolidar la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina”.  Pero esto es letra muerta.

La noticia del día informa que funcionarios del extinguido  Incoder  facilitaron la adjudicación de tierras a los paramilitares y a la guerrilla. ¡Amanecerá y veremos si la RRI  se avala y se cumple y a  Rodríguez Prada lo protegen!