“Menguada credibilidad de la institución”
La reciente decisión de la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP revivió las inquietudes que rodean su accionar y que incrementan la percepción que se afianza sobre su carácter de jurisdicción, corroída por un sesgo ideológico incontrolable que la destina a amnistiar y absolver a quienes cometieron los mayores delitos de terrorismo en Colombia.
Después del insólito mecanismo adoptado para su integración, de los escándalos que han rodeado su organización y de sus primeros fallos, como el que favoreció descaradamente a Santrich, sostener sin rubor alguno que el ataque a la Escuela Superior de Guerra tipifica un crimen de guerra, no resiste el menor análisis a la luz del DIH, así se haya querido blindarlo con conceptos de “amicus curiae” de igual militancia ideológica a la de la mayoría de los magistrados de la JEP.
Para el DIH el objetivo militar debe limitarse al que, por su naturaleza, ubicación, propósito o uso, contribuye efectivamente al accionar militar y cuya destrucción parcial o total ofrece una ventaja militar definitiva. No hay precedente que considere el ataque a una institución educativa y de formación, abierta a militares y civiles, como acto legítimo de guerra y amnistiable. Constituye, por el contrario, un ataque indiscriminado que no tenía un objetivo militar especifico, y cuyos efectos son incontrolables, como que afectan a la población civil sin distinción. No reúne las condiciones de la acción militar que contempla el DIH de contribuir a la acción militar y a la obtención de una ventaja significativa mediante la destrucción del blanco escogido.
Por otra parte, hizo uso de medios indiscriminados vedados por su propia naturaleza, como el carro bomba, ataque excesivo en relación con la ventaja militar proyectada, que se halla prohibido por el DIH y que lo convierte en un acto terrorista condenado por la ley internacional. “Quedan prohibidos los actos o las amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil”. El haber amnistiado a la “Mata Hari” que filtró la información para consumación del acto terrorista, y retirado la condición de víctima a los que realmente lo fueron, ratifica la sospecha de un mandato oculto de una institución que opera sin control, que pretendería combinar inmunidades e impunidad por la violencia sufrida por los colombianos.
Su menguada credibilidad podría esfumarse si en el análisis de las distintas declaraciones de los actores del conflicto que ha empezado a recibir, no logra establecer la verdad en ese triste periodo de la vida nacional, honrando a las víctimas y sancionado a los victimarios, sin sesgos que perturben su entendimiento. El país está atento a sus decisiones, preocupado por las que ya se han proferido, pero con la ilusión de alcanzar la reconciliación nacional.