La sorpresiva confesión del partido Farc de haber asesinado a Álvaro Gómez Hurtado parece más un nuevo capítulo entre los tantos que han dificultado desentrañar las causas del magnicidio y la identidad de los criminales. Sin embargo, esta vez el propósito aparenta no ser simplemente el de desviar las investigaciones, sino el de esconder la verdad al precio que fuera necesario, que active la competencia de la JEP para intentar borrar la verdad, entronizar el olvido e imponer las benignas sanciones acordadas en La Habana.
Todo lo conocido hasta hoy sugiere la elaboración de una obra de ficción en momentos en los que la Fiscalía adelanta nuevas hipótesis que la acercan a verdades posiblemente incomodas, pero no por ello sorprendentes. Quizás sea ésta la explicación de la tardía solicitud de Piedad Córdoba a Timochenko y sus pares de aportar su relato sobre el asesinato del dirigente conservador, que éstos acogieron con inusitado pero veloz interés.
Son múltiples las inquietudes que se han suscitado. La más elemental es la de ¿por qué Piedad Córdoba se dispone ahora a revelar supuestas pruebas que conocía de antaño?; Es una explicación indispensable para no ser procesada y despejar cualquier duda sobre sospechas de ocultamiento de responsabilidades. Los líderes de la insurgencia no son los más calificados testigos. Maestros del engaño, deben aclarar si en las tratativas habaneras ocultaron su delito a su contraparte, para que no quepa la suspicacia de que el tema fue abordado en las conversaciones y mantenido en secreto hasta cuando fuera posible.
Sorprende que, en asunto de tanta significación, todos los sectores autodenominados amigos de la paz y hasta el presidente de la Comisión de la Verdad hayan avalado la supuesta confesión, sin que ésta se haya acompañado de prueba distinta a la declaración de quien dirigió el macabro operativo. Tanta alharaca no sustituye el indispensable acervo probatorio, más necesario aún en razón de la práctica de la insurgencia de cumplir tareas por encargo. Del hecho confesado ni siquiera hay rastro en los computadores de Raúl Reyes y del Mono Jojoy. Desconcierta el odio hacia el líder inmolado por considerarlo enemigo de la paz, un hombre que perdonó a sus secuestradores, también subversivos, y que, con ellos y otros sectores políticos, construyó la Constitución del 91, tratado de paz fundado en el respeto de los DDHH que las Farc-Ep nunca acataron. Su muerte constituye un delito de lesa humanidad que no permite la amnistía ni el indulto y es imprescriptible.
La supuesta confesión del senador Gallo obliga al descubrimiento de la verdad que restaure la confianza de los colombianos en la Justicia y honre la memoria de Álvaro Gómez Hurtado. Es el reto de la Fiscalía y de la JEP, que se juega su supervivencia.
Impartir justicia estimularía a que todos los sectores nacionales y los ciudadanos asuman la misma conducta y practiquen la misma virtud que Álvaro Gómez tuvo para con sus secuestradores. La verdad es poderoso factor de reconciliación. Evitemos que se opte por la indignidad y la deshonra.