Celebran los del Sí que las objeciones no hayan tenido mayorías en la Cámara de Representantes; yo, sin embargo lo lamento. No comparto la opinión de que están hundidas; podría suceder que el Senado las aprobara y entonces, según lo dispuesto en la ley, interpreto que los artículos quedarían por fuera de la Ley. Aun así lo siento porque se dilapida una oportunidad para un gran acuerdo nacional. Me duele porque las objeciones se refieren a temas que mejoran esos malos acuerdos. Es claro que los partidarios del acuerdo de La Habana no tienen ningún reparo en seguir imponiendo a punta de leguleyas el Acuerdo que la mayoría de los colombianos rechazan. Lo rechazamos con el No en el plebiscito y lo volvimos a fechar con la elección del Presidente Duque. 

Lo más grave es que defender el Acuerdo tenga el efecto inmediato de suspender la posibilidad de discutir lo que es mejor para Colombia. Rechazar sin debate todos los asuntos es un error histórico del cual deberán responder los defensores de no tocar nada; que luego no adjudiquen el fracaso -que es inminente- de la JEP a otros factores.

En la ley estatutaria, por ejemplo, hay un tremendo mico. No se puede extraditar a los terceros que se sometan a JEP, es decir, los narcotraficantes que se cuelen en la JEP van a evadir la extradición con el pretexto de que contribuye con la verdad. En términos reales se prohibió la extradición.

La sentencia de la Corte Constitucional metió otro mico; le dio a la JEP la facultad de abordar los delitos sexuales contra los menores. Con enorme esfuerzo logramos que el Congreso los excluyera, por la poderosa razón de que no hay ningún vínculo del “conflicto armado” con la esclavitud sexual de menores. Aquella decisión de la Corte significa que esos delitos quedarán impunes. Impunes en dos sentidos: porque no todos los responsables serán investigados ni sancionados, como lo explicaré más adelante; y porque aún los condenados estarán sujetos a penas transicionales que no serán privativas de la libertad, y que no guardan el principio de proporcionalidad con la gravedad del crimen. No se me ocurre un crimen peor que el haberse robado los niños de las casa, convertirlos en esclavos sexuales y practicarles abortos forzados cuando quedaban embarazadas, y sin embargo esos pederastas seguirán en la calle como si nada hubiera sucedido.

Y la Corte Constitucional fue aún más allá. La JEP -según la ley estatutaria- juzgaría los máximos responsables de los delitos. Sin embargo, los delitos de lesa humanidad y los graves crímenes de guerra; tendrían que ser investigados y juzgados todos. El Acuerdo de La Habana era claro que no se podía amnistiar ni indultar, ni dar beneficios equivalentes para este tipo de delitos. Sin embargo, la Corte decidió que sobre esos delitos habrá investigación y juzgamiento tan sólo de los máximos responsables, para los otros procederá la renuncia de la acción penal. Eso equivale a una amnistía e indulto. Es decir, la mayoría de los responsables salen impunes.

Cabe preguntarse, ¿si los cabecillas declaran que ordenaron una política de reclutamiento de menores y su utilización sexual, todos los padrastros y reclutadores subalternos quedan impunes? ¿Y lo mismo ocurrirá con el secuestro?

Más aún, si todos los responsables no son investigados, ¿cómo se determina que la declaración del máximo responsable es ajustada a la verdad?

No entiendo cómo se puede sostener que las Farc no tienen la obligación de entregar su patrimonio para indemnizar a las víctimas. Sostener que las indemnizaciones le corresponden al Estado, es equivalente a decir que los colombianos todos tendremos que pagar más impuestos para pagar los daños causados por las Farc. Vale recordar que las Farc reportaron que su patrimonio es de 967 mil millones, pero sólo entregaron 24mil millones. La Fiscalía ha encontrado que trataron de esconder la bicoca 2 billones de pesos.

Está muy bien que el Estado sea subsidiario para garantizar todas las reparaciones, pero es inaceptable que además de la impunidad, el premio de la responsabilidad política, ahora las Farc no tenga que reparar las victimas con sus bienes.

Lo que le conviene a Colombia es claro, clarísimo.