Al decir de Carlos Caballero Argáez, “Colombia ha sido afortunada de contar con una tecnocracia de primerísima calidad que no puede sino constituir un motivo de tranquilidad sobre el futuro del país, la cual hay que defender a capa y espada frente a los vientos populistas que soplan en el mundo y también Colombia”. Palabras pronunciadas en 2017 y que hasta el día de hoy solo confirman una declaración de principios de quienes, como los gatos, caen parados en todos los gobiernos de este país: los liberales de superintendencia.

Los liberales de superintendencia, que componen la “tecnocracia” que Argáez defiende no son sino los herederos del viejo despotismo ilustrado, aquel que quiere gobernar al pueblo sin su consentimiento, ya que éste es demasiado obtuso, torpe o viciado para aceptar lo que se supone es bueno para ellos, por ejemplo, sacarles dinero para “invertirlo” en ellos. Nuestra versión criolla del despotismo ilustrado se estrenó con Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres (1732-1790), el desafortunado funcionario de la dinastía Borbón que no logro implementar sus reformas ante la rebelión comunera de 1781.

Lo que no sabía nuestro malhadado funcionario es que las reformas se deben implementar lenta y gradualmente en momentos de tranquilidad, o súbitamente en momentos extraordinarios, algo que sin lugar a dudas la “tecnocracia de primerísima calidad” que invoca Argáez ha sabido hacer desde entonces. Por ejemplo, de lo propuesto por Gutiérrez de Piñeres, el virrey Antonio Caballero y Góngora (1723-1796) supo implementar lentamente varios impuestos y finalmente lograr aplicar la reforma a la renta estancada del tabaco (como el petróleo hoy día), ésta última que le rindió importantes ingresos al virreinato y futura república de la Nueva Granada hasta mediados del siglo XIX. Y en medio de la guerra de Independencia, las frustradas intendencias y sus respectivos intendentes, que pretendían ser una poderosa burocracia con competencia en temas fiscales, militares y administrativos, fueron implementadas por Francisco de Paula Santander (1792-1840) cuando fue vicepresidente de la primera república de Colombia, lo que sin dudo contribuyo a financiar la onerosa guerra por la cual nació endeudado nuestro país…

Esa obsesión “neoborbónica” por formar una burocracia que hace del recaudo y gasto de recursos contraídos por impuestos su especialidad y razón de vida, ha sido fortalecida por todos los partidos políticos hasta el día de hoy. Sin embargo, hay quienes justifican esa obsesión bajo argumentos liberales, aduciendo una particular prudencia que debe tenerse para “moderar” el gasto público y “suavizar” la carga fiscal, para así no “asfixiar” a empresarios, propietarios y consumidores en general.

Al respecto, es particularmente enternecedor, por no decir patético, ver las argumentaciones que en este año han hecho exministros de Hacienda como José Manuel Restrepo y Alberto Carrasquilla, quienes hicieron parte del gabinete Duque. Ya sea Restrepo en el episodio 109 del programa de YouTube “10AM Pro” donde alega por una reducción del 50% del gasto público, como Carrasquilla aduciendo en artículo publicado en La Silla Vacía en marzo, que el Estado Social de Derecho establecido por la Constitución de 1991 es una “pretensión prematura” (como de hecho se titula el mencionado artículo), ambas criticas dejan entrever que la supuestamente inevitable intervención del Estado en la economía solo necesita de la gente adecuada (ósea, ellos) para que no sea tan lesiva…

Bien decía Nicolás Gómez Dávila a sus contertulios, bajo el gobierno de ese prócer del liberalismo de superintendencia que fue el presidente Carlos Lleras Restrepo (de quien por cierto Argáez hace un nada sorprendente homenaje), que “la libertad nace en las grietas del sistema”, ya que las medidas de un Estado que pretende ser omnipotente son menos lesivas cuando fracasan, que cuando se cumplen: lección por lo visto imposible de asimilar por los liberales de superintendencia de antaño y hogaño.