En los últimos días hemos sido testigos pasivos de un fenómeno inusitado pero que es muy relevante y tiene mucho que ver con la preservación de los valores democráticos, principalmente, el de la libertad de expresión.

Hemos escuchado que Donald Trump, ahora un fuerte aspirante a retornar a la presidencia de los Estados Unidos, ha sido sancionado por el juez Merchan, de origen colombiano, en el juicio que se adelanta en Nueva York porque el expresidente ha desatendido las órdenes de esa autoridad judicial que le exigen guardar silencio con respecto a las personas que están participando en su juicio: juez, los defensores, el fiscal ,los miembros del jurado, quienes han sido objeto de en frases y opiniones despectivas, por decir lo menos, por parte del señor Trump.

Alguien podría preguntarse si acaso el juez no está violando las normas democráticas que protegen y promueven la libertad de expresión... El tema no es fácil y no recordamos otros casos en que así hubiera ocurrido o, por lo menos, no llegó así hasta nuestros oídos. La administración de justicia debe desenvolverse en un ambiente que asegure la independencia de quienes están envueltos en un proceso judicial, todos ellos, como una de las tantas garantías que se predican para garantizar no sólo la independencia y objetividad por parte de jueces y demás autoridades judiciales sino, también, de los miembros de un jurado, cuya responsabilidad es enorme. Intimidarlos, desacreditarlos, confrontarlos, denigrarlos es inadmisible. Y lo propio se diría con respecto a los demás integrantes de un proceso judicial.

Quiero recordar que una ministra de justicia en Francia, de origen izquierdista y en un gobierno de esa tendencia, promovió una ley de protección de la presunción de inocencia en la cual introdujo algunas normas que estaban dirigidas precisamente a eso, o sea, a proteger durante un proceso penal la inocencia de la persona que estaba siendo sometida a un juicio. Que los medios de comunicación pudieran referirse a ella en los peores términos, que anticiparan a su manera una condena, que fueran más allá de lo que las evidencias que había podido recolectar la fiscalía, le parecieron a esta ministra y a la Asamblea que aprobó la ley una garantía necesaria para hacer eficaz la noción, muy importante, de la inocencia de la persona que estaba siendo procesada, un derecho que debe ser salvaguardado hasta tanto se pronuncie una sentencia definitiva. Es que eso es lo que le ofrece el derecho a un ciudadano esa protección. Muy valiosa. La de su inocencia mientras no se demuestre plenamente lo contrario.

Ahora nos informan que el presidente Lula ha sido objeto de una sanción por parte del tribunal superior electoral en Brasil, equivalente a 250.000 reales, entiendo que son USD 50.000, por haber utilizado contenidos negativos contra el expresidente Bolsonaro. Más interesante todavía. Me encantaría conocer el contenido de la sentencia y saber si ella está referida a la campaña electoral solamente o, también a, otros momentos. Es un poco lo mismo. Es proteger la imagen a la cual tiene derecho toda persona. Que la deformen, que la denigren, que la pisoteen, aún en un proceso contencioso como el de una campaña electoral, es algo que merece que un tribunal de esta naturaleza se pronuncie y establezca cuáles serían las reglas. Es que en un Estado de derecho, lo que lo caracteriza son los límites. Todo en una Estado de derecho tiene límites. Y cuando esto se sobrepasan, debe haber una respuesta, una reacción y, si es necesario, un castigo proporcionado. Es la civilización, es la razón de ser de la sociedad política, lo que tenemos que perfeccionar todos los días.

Y está lo que ocurre con los universitarios en USA que ya comenté en una reciente columna.