Fiscalía e imparcialidad

Últimamente  el Dr. Eduardo Montealegre, Fiscal General de la Nación, ha estado muy visible. Participó en la marcha del pasado 9 de abril, cuando organizó un “plantón” frente a la Procuraduría General para conminar al Procurador Ordóñez a participar en la demostración, acto que aunque con el ropaje de una causa noble, la paz, tenía una connotación política por quienes intervinieron en su convocatoria (Piedad Córdoba, Petro, el Gobierno, las Farc -dijo el ministro de Defensa- etc.) y el cuestionamiento respecto a sus verdaderas intenciones. Ha dado declaraciones públicas sobre cómo cree él que debe interpretarse la justicia transicional en relación con los crímenes de lesa humanidad (“Estamos es negociando la paz, no sometiendo a un grupo insurgente”) y manifestó que ninguno de los miembros de las Farc ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad por lo que “desde ‘Timochenko’ hacia abajo, todos los miembros del secretariado de las Farc pueden participar en política”.

Cuando compete a la Fiscalía General el determinar si las Farc han cometido delitos de lesa humanidad, para entonces formular las acusaciones correspondientes, de lo que depende el que la comandancia guerrillera deba cumplir penas de prisión o ser sometida a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, obliga al señor Fiscal guardar la máxima prudencia para así evitar imputaciones de parcialidad que vicien su conducta, afecten al proceso y contribuyan a dividir el país. El Dr. Montealegre sabe, mejor que nadie, que este es uno de los temas más críticos de las negociaciones de paz. Timochenko y sus cabecillas han manifestado que no pagarán un día de cárcel y gran parte de los colombianos, con la comunidad internacional, consideran que en el siglo XXI no es aceptable la impunidad para que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad. El Fiscal General de la Nación pertenece a la rama judicial, (artículo 249 de la C.N.) y por lo tanto, como todos los miembros de esta rama, debe ser estrictamente imparcial y no debe participar en política. Precisamente para asegurarle su imparcialidad se le dotó de autonomía administrativa y presupuestaria. Pero debe primar, sin duda alguna, la imparcialidad que le impone su función judicial. Confrontado, el Dr. Montealegre afirmó que investigará las acusaciones contra los miembros de las Farc de haber cometido delitos de lesa humanidad, como lo son la masacre de Bojayá, los desplazamientos forzosos, los sistemáticos secuestros “económicos”, el reclutamiento infantil, las minas antipersonas, etc., pero ya algunos ponen en duda que los encontrará culpables. No creemos que este sea el caso pero el Fiscal General, parodiando la frase histórica, no solo debe ser imparcial, sino parecerlo. Recordemos también que la paz tiene un precio, pero como el mismo Presidente lo ha dicho, ese precio tiene límites. No puede ser entregar las instituciones nacionales ante el chantaje de 8.000 guerrilleros sin representatividad.