María del Pilar y Baltasar

Pensemos qué dirían los medios o la magistratura (hoy deliberante) o la izquierda en masa, si el gobierno colombiano aceptara como asesores a Bernardo Moreno, el exsecretario de la Presidencia de la República, o a María del Pilar Hurtado, la exdirectora del DAS hoy asilada en Panamá y cuya extradición pide Colombia, aduciendo que el delito del que se la acusa no es susceptible de beneficiarse del derecho de asilo. A ambos se les inculpa de interceptar comunicaciones sin previa orden judicial al respecto. Sin duda se levantaría un clamor contra el presidente Santos y se lanzarían contra él denuestos similares a como los que hoy se fulminan contra Álvaro Uribe. Lo menos que se le diría es que protege a delincuentes que han atentado contra las libertades de los ciudadanos, en violación de la Constitución y de las leyes. No importa que ellos no hayan sido condenados en un juicio, pero se les dictó medida de detención preventiva, ya que nuestra Fiscalía parece considerar como peligroso para la sociedad a todo aquel que haya sido alto funcionario en la pasada administración. La presunción de inocencia se aplica selectivamente y por eso algunos, como la exdirectora del DAS o el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, prefieren no presentarse a las diligencias judiciales ante la convicción de que los harán languidecer en la cárcel, como a Andrés Felipe Arias, Bernardo Moreno y otros, mientras se les sigue un juicio que puede tomar años antes de que una eventual condena quede en firme.
Contrasta esta actitud con la que presenciamos ante, esa sí condena por prevaricato, de Baltasar Garzón, quien, cuando juez en España, ordenó interceptar las comunicaciones de algunos acusados con sus abogados y por lo cual el Consejo General del Poder Judicial de España lo condenó a inhabilidad, por once años, para ejercer la judicatura. Nótese que nunca estuvo detenido preventivamente. Basta leer nuestra prensa para apreciar las críticas contra el tribunal (en Colombia no se puede hoy criticar las decisiones judiciales) que “osó” condenar al adalid de la izquierda, el juez que ordenó desenterrar, después de 73 años, los restos del poeta García Lorca, fusilado en 1936 por los Nacionalistas españoles, contra la oposición de sus familiares, quienes manifestaron que no querían que la exhumación se convirtiera en un espectáculo mediático (en el lugar señalado no se encontraron restos). Garzón tiene otro juicio pendiente por prevaricato al desconocer una ley de amnistía de 1977 respecto a los hechos de la Guerra Civil Española de 1936-39 y le prescribió otro por cohecho. A pesar de todo lo anterior, nuestro Presidente considera que Garzón, condenado en España por “chuzadas”, desempeña “un importante papel de apoyo al Gobierno nacional” que seguirá ejerciendo y cuando esta labor termine, estudiará con él “otros frentes de trabajo en los que pueda seguir contando con su valiosa colaboración”.