Con el respeto que merecen las decisiones gubernamentales y el conocimiento que brinda la experiencia, me permito hacer algunas reflexiones sobre las medidas que el gobierno ha tomado en torno a la actuación y el servicio policial.

La Policía es una institución centenaria, fundada en 1891, que ha acumulado vastos conocimientos, experiencia y habilidades en su labor operativa. Cada procedimiento se rige por estatutos, directrices y disposiciones que han sido desarrolladas a lo largo de los años t su doctrina se ha construido sobre la base de la interpretación de su misión, proteger la ciudadanía, mantener el orden y salvaguardar la paz. Esta misión no es estática, sino que ha sido perfeccionada a través de los desafíos que ha enfrentado la policía.

Es importante recordar que cada procedimiento policial es único, pues las circunstancias, y eventos varían considerablemente. La naturaleza dinámica de la labor policial implica que los agentes deben adaptarse rápidamente a situaciones impredecibles y peligrosas, así que tratar de encuadrar todas las actuaciones policiales dentro en un patrón rígido y uniforme puede tener consecuencias graves. Un enfoque así dificultaría la capacidad de los profesionales para tomar decisiones rápidas y efectivas en momentos de crisis, caos, peligro o confusión.

A lo largo de mi carrera he aprendido que, si bien es necesario contar con normas y reglamentaciones, éstas deben ser flexibles y estar acompañadas por el juicio experto de quienes tienen la experiencia en el terreno. Es por ello que resulta fundamental que las decisiones relacionadas con el funcionamiento y procedimientos policiales sean resultado de un estudio profundo, realizado por personas con amplio conocimiento en la materia. La participación de expertos y profesionales experimentados es esencial para garantizar que cualquier modificación o ajuste en los procedimientos ya que la capacidad operativa de la institución es el respeto mutuo entre la autoridad y el ciudadano.

En este sentido, aplaudimos la disposición del gobierno de realizar estudios y reglamentaciones que busquen mejorar el servicio policial; no obstante, es crucial que estos cambios sean acompañados de la experiencia y profesionalismo de quienes mejor conocen las dinámicas policiales. Es urgente que las nuevas directrices consideren las complejidades y desafíos que enfrenta la institución en su día a día, y que las decisiones estén basadas no solo en teorías, sino en la realidad del operativo policial en el campo.

Para finalizar, hago un llamado a que las reformas se planteen estén guiadas por el equilibrio entre el respeto a la autoridad y la protección a los derechos del ciudadano. Cada actor en la sociedad tiene responsabilidades que asumir y éstas deben estar respaldadas por estudios jurídicos y disciplinarios que fortalezcan el orden y la justicia. Solo así podremos garantizar un servicio de policía eficiente, respetuoso y en sintonía con las necesidades del país.