La JEP le va costar a los colombianos este año 293 mil millones de pesos. El acuerdo de La Habana le dio vigencia de 15 años a esa jurisdicción, con posible prórroga de 5 más. En total, los colombianos pondremos de nuestros bolsillos 6 billones de pesos por un aparato de justicia injusto. Hoy, a 3 años de su vigencia y más de uno de funcionamiento, no se ha reparado ni una sola víctima y ningún victimario ha sido condenado.

El tribunal de paz cuenta con aproximadamente 900 funcionarios. De estos, 38 son magistrados y reciben un salario mensual de 34 millones de pesos. Magistrados seleccionados por un comité de escogencia sesgado, y sobretodo, inaceptable desde el punto de vista de nuestra democracia. Cinco personas los eligieron, tres de ellos extranjeros, que no fueron elegidas ni representan a ningún colombiano. Impuestos por organismos internacionales como si Colombia no hubiera sido una democracia. Sumado a esto, cada magistrado tiene derecho a 3 magistrados auxiliares con salarios de 26 millones de pesos cada uno. El 60% del presupuesto de la JEP se va en gastos de personal.

Llama la atención que el tribunal para este año gaste mil millones de pesos en incapacidades laborales de sus funcionarios, y cerca de 3 mil millones adicionales en rubros relacionados con publicidad. Con ese dinero se podría ofrecer una prima anual por 828.116 pesos a 4.830 víctimas en condición de vulnerabilidad o atender a 3.333 niños víctimas en un programa mensual del Bienestar Familiar.

La JEP paga 1.550 millones de pesos mensuales de arriendo. Una familia de una víctima de estrato bajo paga 178 mil pesos mensuales de alquiler por un apartamento.  Si utilizamos ese dinero de la JEP, les daríamos a 8.708 familias víctimas el arriendo de todo un año.

Una persona en Colombia es considerada “pobre extrema” si tiene recursos mensuales menores a 117 mil pesos. Si utilizáramos los 6 billones que costará la JEP en los próximos 20 años para atender a las víctimas en extrema pobreza y sumarles a sus ingresos mensuales 118 mil pesos adicionales, sacaríamos de la pobreza anualmente a 206.353 personas.

La JEP a hoy ha gastado más de 400 mil millones de pesos. Los impuestos de los colombianos se han traducido en beneficios para los victimarios. A mayo de este año se han firmado 7.000 actas de sometimiento por parte de combatientes, se han otorgado 32 amnistías, 120 personas se les ha concedió la libertad, 19 solicitudes para salida del país ha sido aceptadas, y por supuesto, se les han dado 10 curules en Congreso.

La JEP argumenta que han citado a más de 20 responsables por crimen atroces para brindar testimonio. Los pocos que han ido lo han hecho a espaldas del país, en audiencias cerradas.  Además, los que no quieren ir, se les cita nuevamente, a ver si un día se dignan a ir. La JEP tiene en su poder más de 165 informes sobre crímenes y 5 macrocasos que deberían ser priorizados; después de 3 años, solo ha dado una sentencia trascendental: no extraditar a Santrich.

El tribunal de la impunidad nos costará 6 billones de pesos para ofrecerle al país la justicia politizada que ya hemos visto y que tiene tras las rejas a cuatro exfuncionarios que han tratado de favorecer a las Farc. Es evidente que se requieren una serie de modificaciones. ¿Por qué les parece más fácil a los defensores del acuerdo de La Habana obligar a ceder a 10 millones de colombianos que a los 8 mil de las Farc? Esperamos que esta vez, los partidos políticos, se unan al llamado que ha hecho el Presidente Duque a un gran acuerdo nacional. La única pregunta relevante hoy es si somos o no capaces de construir instituciones en las que puedan confiar todos los colombianos.