Un hecho menor para algunos, anecdótico y de alguna manera atribuible al contexto local para muchos otros, sucedió la semana pasada en la Cámara de Representantes de Tennessee en los Estados Unidos. Se trata de la expulsión por faltas al decoro de dos jóvenes y ruidosos  legisladores negros de dicho Estado,  como castigo por haberse unido a una manifestación pacífica realizada en el seno de  esa asamblea utilizando un megáfono, junto con otra legisladora blanca de mayor edad que finalmente no fue privada de sus funciones al no reunirse, por poco,  la mayoría necesaria  de  dos terceras partes, en una corporación ampliamente dominada por el partido Republicano. Manifestación convocada para protestar por la inacción de, entre otros, la referida Cámara en materia de control de armas, luego de la muerte, en un nuevo tiroteo, de seis personas, tres de ellos niños de una escuela cristiana situada apenas a algunos kilómetros del recinto parlamentario.   

Examinado más de cerca este hecho, es claro que no resulta ni menor, ni anecdótico, ni simplemente local.

No es menor que, anulando de un plumazo la voluntad de miles de sus votantes, se pretenda acallar voces críticas que, actuando de manera ruidosa, es cierto, pero sin violencia y en ejercicio de su derecho a opinar y a mostrar su desacuerdo con las políticas de la mayoría, se expresan en su calidad de representantes de sectores específicos de la sociedad.  

No es anecdótico, pues se suma a una serie de hechos que están sucediendo en varios Estados de los Estados Unidos, con los que se viene intentando restringir el derecho al voto y otros derechos electorales de las comunidades negras y latinas, en un franco desconocimiento de los principios democráticos y en un preocupante retroceso de las libertades en ese país. 

No ha quedado reducido tampoco a un episodio local, pues el hecho ha generado una amplia reacción a nivel nacional y un debate en el que incluso ya han intervenido tanto el presidente, como la vicepresidenta de los Estados Unidos. Al tiempo que en realidad se convierte en un nuevo ejemplo del fenómeno que se presenta en muchos lugares del mundo de instrumentalización de atribuciones, competencias, mayorías (necesariamente cambiantes en democracia), o como en este caso, reglamentos en función de ideologías políticas, religiosas o de agendas particulares inconfesables.

Además de hacer eco a formas de intolerancia que se suponen superadas en sociedades democráticas, lo sucedido desnuda una cierta debilidad por parte de quienes adoptaron la decisión, a pesar de su amplia mayoría, como lo advirtió con justeza el expresidente Obama al comentar estos hechos. En cualquier caso, da muestra de una gran torpeza política.

Le ha bastado a uno de los expulsados con demostrar que en circunstancias mucho más graves la misma Cámara se abstuvo de aplicar el reglamento con la severidad exhibida en este caso, para hacer evidente que la decisión no obedecía necesariamente a los intereses superiores del Estado de Tennessee, ni al buen orden de la deliberación de su legislatura, sino que podría considerarse incluso como una arbitrariedad, con tintes de racismo. Esto le ha permitido presentarse como una víctima y alcanzar una audiencia nacional de la que antes carecía completamente, al tiempo que le ha ofrecido en bandeja de plata al partido Demócrata una formidable causa para promover su agenda política entre los jóvenes y las comunidades afroamericanas, de cuya movilización dependerán, en el futuro próximo, importantes elecciones, incluida la elección presidencial.

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