Pocos avances en el campo

En días pasados el Centro de Seguimiento para los Desplazados Internos dio a conocer un informe que revela que Colombia es el país con el mayor número de desplazados internos en el mundo. Las cifras nos muestran que de los 5,8 millones de desplazados en América Latina, entre 4,9 y 5,5 millones se encuentran en Colombia y que el año pasado 230.000 colombianos tuvieron que abandonar sus hogares debido a la violencia.

Es preocupante que millones de colombianos sigan sufriendo este flagelo y, más aún, en medio de los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana. Por esta razón, insisto nuevamente en que las Farc deben comprometerse con cesar las acciones violentas contra la población civil, dejar de reclutar menores para sus filas, no usar a las mujeres como armas de guerra, dejar de secuestrar y no arrebatar a los campesinos sus tierras y atentar contra su vida. Son unos compromisos mínimos que deberían exigírsele a las Farc para continuar con un proceso de diálogo y podamos ver que existe una verdadera voluntad de negociación por parte de dicho grupo guerrillero.

Esta grave situación de desplazamiento en Colombia también nos debe hacer reflexionar sobre la imperiosa necesidad de que, ante todo, se garantice a las víctimas del conflicto su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, en ningún caso puede primar el perdón y el olvido, independientemente de cuál sea el resultado de las negociaciones. Las víctimas tienen el derecho a ser escuchadas, a que se reconozcan los crímenes que se han cometido contra ellas y a que se haga justicia por éstos.

De igual forma es indispensable garantizar a las victimas el retorno a su tierra y los medios para trabajarla bajo condiciones de seguridad. Hay que reconocer los logros que se han alcanzado en materia de restitución de tierras y esperamos que de igual manera sean entregados los demás beneficios anunciados en cuanto a vivienda, asistencia médica y psicológica, alivio de pasivos de los predios y un programa de proyectos productivos que realmente tenga en cuenta las necesidades y conocimientos de las familias respecto a la vocación del territorio.

No debemos olvidar, además, que la violencia en el campo ha sido uno de los determinantes del atraso de la región, atraso que también se vio reflejado en las cifras de pobreza presentadas hace algunos días por el DANE, y que muestran que mientras en la zona urbana el 28,4% de las personas se encuentra en situación de pobreza  y el 6,6% en pobreza extrema, en la zona rural las cifras ascienden a 46,8% y 22,8% respectivamente.

Es innegable la urgencia del cese de la violencia en el campo, del restablecimiento de las condiciones de seguridad y de una verdadera voluntad política para solucionar los problemas que aquejan al sector rural, como la inequitativa distribución de la tierra; el uso de esta última sin tener en cuenta su vocación; la falta de un plan de desarrollo de largo plazo que incluya estrategias para el fortalecimiento, tanto de la agroindustria y las grandes plantaciones, como de los pequeños productores y la economía campesina, cuyo trabajo conjunto es esencial para garantizar la seguridad alimentaria del país y la superación de la pobreza en el campo.