¿Cuándo ha sido buena la seguridad en Bogotá? ¡Pregunte! le aseguro que sus padres, abuelos, primos y amigos le responderán negativamente y no podrán decirle: “¡carajo! qué bien estaba la seguridad con fulanito.” Como la movilidad, la inseguridad ha sido una problemática endémica. Por ello, es inservible sólo atribuirle responsabilidad al mandatario de turno, cuando la inseguridad es el resultado de la incapacidad y mediocridad de las políticas criminales implementadas durante casi dos décadas.
Políticas diseñadas por jueces constitucionales, fiscales y políticos ungidos de superioridad moral que aseguran ser los iluminados poseedores de la verdad y, por supuesto, son inmunes a la crítica ante sus evidentes fracasos. Estas élites impusieron una ilusa agenda de resocialización, integración y fácil excarcelación de los criminales, principalmente motivados por obtener su propia satisfacción moral sin evidencia de su utilidad social.
Por otra parte, códigos penales ultra garantistas para los bandidos diseñados por abogados defensores, fiscales sin aptitudes mayoritariamente nombrados por compromisos políticos y una fuerza policial desmotivada sin verdaderas capacidades de investigación hacen casi imposible la judicialización de los delincuentes.
Claudia con sus 15 secretarías, 12 institutos, 4 Unidades Administrativas Especiales, 16 empresas y entidades adscritas y las 20 alcaldías locales, claro que con toda esa burocracia alega que no le queda plata para duplicar los cupos carcelarios de Bogotá.
Mientras la alcaldesa resocializa los criminales soltándolos nuevamente a la ciudad, le pide al gobierno nacional que resuelva el tema de las cárceles. Pero ya sabemos para qué es que se usa en el gobierno nacional la Uspec. En la administración Santos sirvió como carrusel de contratos y una de sus directoras, ficha de la candidata Dilian Francisca, ya ocupa uno de los escasos cupos carcelarios de la ciudad.
Es hora de cambiar esa visión ingenua y socialista sobre la resocialización. No se puede seguir con el facilismo parlamentario de aumentar las penas y crear nuevos tipos penales absurdos. No se puede mantener una impunidad del 97% en homicidios. En los últimos 10 años es posible que haya más de 125 mil homicidios impunes en Colombia. Aproximadamente la mitad son agravados o por encargo. En Colombia y Bogotá, matar paga.
Nos encontramos en una ciudad donde el único problema para los criminales es encontrar un alias original y donde atracar después. ¡Hay una crisis nacional por la escasez de alias! Preocupada, la alcaldesa le asignó la tarea al secretario Hugo Acero de crear una convocatoria para que, en una lluvia de ideas, los criminales puedan elegir su alias de acuerdo a sus emociones y metas a futuro. Que por supuesto no ofenda su sensibilidad psicológica, étnica o de género para que se desarrollen en un entorno diverso y tolerante mientras se resocializan atracando a la gente decente de Bogotá. Esa tarea, si no le queda grande al secretario. Bogotá merece una inversión masiva en seguridad. Duplicar el pie de fuerza, fiscales de carrera, cupos carcelarios y unidades de investigación.