Ante el esperpento ético y legal, con que nos sorprendió el exministro de salud pública -exigido por la Corte Constitucional de Colombia- cuando reglamentó la muerte para enfermos “terminales”, habría que destacar algunas inconsistencias de esta determinación ministerial. ¿Siendo que hay barreras constitucionales para evitar que se mancillen los derechos fundamentales de los ciudadanos –las leyes estatutarias– quién entiende que la Corte Constitucional ordene a un ministro que reglamente quien debe morir y quien puede vivir?
En este caso está en juego, entre muchas razones, que matar a una persona con la disculpa del sufrimiento de este último no es válida porque los paliativos (la medicina del dolor) desbaratan los argumentos de la corte y del ministro, y si las razones de la orden de la Corte y del ministro vienen a ser, en el fondo, darle la manos a las empresas privadas de la salud y ayudarle al ministro de hacienda a cuadrar su presupuesto se trataría de ver a la persona humana como un medio, desconociendo la dignidad del paciente, razón de más.
¿De ser válido el argumento de un gesto humanitario, que no lo es, por qué no solucionan, con la misma premura y vehemencia, el abuso con los precios de las drogas, los costos de los seguros de salud prepagados, los paseos de la muerte, el maltrato y descuido a los usuarios hasta que mueran, la atención médica cuando el paciente ya está muerto, los negocios de las EPS, la malnutrición de la niñez, los salarios que no cubren las necesidades mínimas humanas…? ¿Qué tan justo puede ser que quienes han trabajado veinte, treinta o más años, pagando impuestos, dejando su vida en las parcelas del campo o en la rutina agotadora de las ciudades, sirviendo solidariamente a la sociedad, y ahorrando para sus años de vejez (según la ley), se les quite la vida con argumentos insulsos, para solucionar los desfalcos consuetudinarios?
¿Será objetiva la sentencia de muerte de un paciente, por parte de un comité técnico científico de un hospital, si quienes forman parte de este son subalternos de quienes podrían estar interesados en la muerte del paciente? ¿De dónde acá que las leyes se sustenten en sentimientos y argumentos emotivos? ¿No estaremos ad portas de un Estado fundamentalista, tipo SS alemán, al defender los sacrificios humanos y dejar la puerta abierta para el exterminio de minusválidos, por su “sufrimiento” y limitaciones físicas o psíquicas, siendo que estos, “vistos como seres humanos, le ponen más relieve a la dignidad y grandeza del hombre” (de Joseph Ratzinger)? ¿Cómo no recordar el Principio de Prevención cuando con la eutanasia se está facilitando el fabuloso negocio de la venta de los órganos humanos, siendo verdad sabida la avidez y capacidad, de los vivos, frente a negocios oscuros?
¡Pobre Colombia! la han puesto a pensar que las ideologías valen más que la verdad. Sin derecho alguna nos están imponiendo toda clase de injusticias en nombre de la ley.