El presidente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Omar Barreto, en un auto breve, fundamentado y claro estableció que el Consejo de Estado no tiene jurisdicción para tramitar una demanda en la cual se solicita la pérdida del cargo del señor presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez conforme a lo establecido en uno de los incisos del artículo 109 de la Constitución qué dice: " la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, serán sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto".

El numeral cuarto del artículo 21 de la ley 996 de 2005 en el inciso cuatro dice "...en el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política"

Estas normas le permiten al magistrado ponente concluir que el Consejo de Estado carece de jurisdicción y que por lo tanto este tema debe ser tramitado por la Comisión de Investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes.

En Colombia, infortunadamente, no ha sido así pese a sucesivos escándalos. Quizás deberíamos ser el ejemplo que otros países podrían considerar para evitar lo que aquí nos ha ocurrido. Un país que cuenta con organizaciones del crimen organizado no sólo poderosas militarmente, sino que cuentan con recursos ilimitados, en ocasiones inimaginables, que les permiten financiar no una sino muchas campañas de concejales, diputados, representantes, senadores y aspirantes a la presidencia de la República. Varios millones de dólares no los inhiben. Por el contrario, son muy partidarios de que los costos de las campañas crezcan, se hagan casi inalcanzables porque eso les abre las puertas para usar su dinero ilícito en una causa que aparece como muy democrática pero que es la que les permite controlar el proceso decisorio y la formulación de políticas públicas y la contratación pública en todos los niveles del Estado.

Diría que hemos sido muy descuidados a este respecto. Y por ello, una y otra vez, he planteado la necesidad de promover una financiación estatal total de las campañas que infortunadamente no ha contado con los apoyos suficientes y, tampoco, con el apoyo de los ciudadanos que parecen no entender el enorme riesgo que conlleva la posibilidad de que organizaciones criminales contaminen el proceso electoral y, así, la estructura del Estado en todos sus niveles. Y es bien probable que esa situación sea cada día peor y que seamos, quien lo creyera, más vulnerables a este riesgo.

Utilizando el pensamiento de una distinguida analista estadounidense he planteado varias veces que si la democracia colombiana está para la venta pues salgamos corriendo para comprarla y asegurar así que todos los colombianos hacemos parte de la financiación política desde los más ricos hasta los más pobres y que ello se hace vía una financiación regulada por el Estado y que asegura equidad y transparencia. Los argumentos en contra buscan espantar al que expresa alguna simpatía por esta idea con el argumento falso de que ello resultaría muy costoso, cuando es exactamente lo contrario. El sistema mixto que tenemos, aparte de ser costoso, disimula la realidad que ha venido ocurriendo y propicia la perdida de la integridad moral de nuestras instituciones, y contribuye a la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y autoridades. Precisamente este sistema mixto que tenemos y que varios funcionarios de alto nivel que han tenido que ver, así sea de lejos con su control, reconocen que es muy difícil de vigilar porque, así lo han dicho, no hay para qué tomarse el trabajo de escudriñar unas cuentas que de antemano se sabe que son hechizas.