Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica donde hacer cumplir la Ley es considerado como represión y violarla como un acto romántico de rebelión. Hace unos días la alcaldesa, campante y rimbombante, anunció que la única salida de la crisis es su plan de inversión social y que “Ni represión, ni rebelión o el vandalismo” serían aceptados por su administración. Declaración algo contradictoria para los cientos de miles de habitantes de Kennedy, Bosa y la periferia del Portal de las Américas que nada de rescate social han recibido y, por el contrario, han sufrido durante semanas afectaciones continuas a su derecho a la movilidad, el trabajo y desmanes contra la propiedad pública y privada, actos de terrorismo urbano que, aunque la alcaldía diga no aceptarlos, en la practica cuentan con su claro beneplácito.
Palabras vienen, palabras van. Sin embargo, estos gestos de la alcaldesa no son orgánicos, sino van dirigidos a un pedazo de la población que considera, en su sentir de superioridad moral mezclado con altas dosis de ignorancia pasional, que esta situación en el sector suroccidental de la ciudad es completamente lícita, normal y sostenible. Es para ellos, que la alcaldesa muy hábilmente utiliza este tipo de falsas dicotomías que buscan librarla de su deber constitucional de garantizar el imperio de la Ley y proteger los derechos ciudadanos de quienes no la apoyamos y no avalamos el actuar criminal en nombre de una supuesta ‘justicia social’.
Cada día López se convierte en nuestro Jorge Iván Ospina de tierra fría. Cae en el facilismo característico de condenar cualquier acción que enerve la ‘Mamertolandia’, dejando la ciudad a la suerte de los maleantes. Por eso busca no hacer nada, evitando los costos políticos y trasladando el desgaste de solucionar la coyuntura a la ciudadanía o al gobierno nacional. ¡Todo sea por los votos y las encuestas! ¡Nada por la ciudad y sus habitantes!
No se nos puede quedar atrás el ‘Plan de Rescate Social’, otra expresión del socio-populismo de la mandataria capitalina que, debo resaltar, es más bien una inyección de capital a Transmilenio que tanto dicen los verdes odiar. Parece que de los 1,8 billones prometidos por la alcaldesa, 1 billón es para el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y 114 mil millones para infraestructura del mismo sistema de transporte, de los cuales 20 mil millones tendrían que ir destinados, según la Contraloría de Bogotá, a reparar los daños de la protesta social ‘pacífica’.
¡Qué ironía! ¿Cómo explicará la alcaldesa a los habitantes del suroccidente y del resto de la ciudad que además de no poder salir a trabajar, no poder usar su medio de transporte y de la quiebra de su negocio en nombre de la ‘protesta social’, en el peor momento de la pandemia, ahora la alcaldía ya no tiene plata para verdaderos alivios pero si para refinanciar su ineptitud administrativa?
Parece Claudia que ni reactivación, ni empleo, ni seguridad, ni transporte y mucho menos subsidios.