Las sociedades en muchos sentidos se mueven por los incentivos. La apetencia por los beneficios y la aversión a las pérdidas y los castigos, permiten que la normatividad cada vez esté más diseñada para atender a esos comportamientos. Tratar de diseñar un marco de estímulos que favorezca ciertas conductas y límite otras. Antes se veía la ley como un burdo proceso donde se daba un comando y luego el Estado se dedicaba a tratar de imponerlo.

Esa misma reflexión sobre las normas debe aplicarse a la manera como se atienden las solicitudes de la comunidad desde el Estado.

Empecemos por decir el gobierno debe tener permanente vocación de diálogo. Habrá mucho que se pueda hacer, y mucho otro que se niegue. Sin embargo, el punto central es que no acepte ni el chantaje ni la violencia como mecanismo de negociación.

Lo que ha sucedido en el Cauca es inaceptable. La vía Panamericana ha sufrido 64 bloqueos entre 1986 y 2019. Hoy es claro que este mecanismo de secuestrar a Popayán, quebrar al resto de los caucanos les da muchos resultados.

Mientras esta minga ha traído pérdidas de 6 mil millones al sector lácteo, 13 mil millones de pesos por imposibilidad de transporte intermunicipal, 5 mil millones al transporte de carga, 30 mil millones para el gremio constructor por falta de insumos en las regiones, 40 mil millones para comerciantes… los que destruyen todo este valor reciben miles de millones en beneficios.

Los indígenas están pidiendo 4,5 billones y 49 mil hectáreas de tierras adicionales, en otras palabras, el 60% de recursos obtenidos en la Ley de Financiamiento del año pasado. Más tierra para los indígenas que ya concentran 700 mil hectáreas, mal contadas.

Los resguardos reciben dineros propios de la Nación. En el Sistema General de Regalías tienen como rubro específico el 0,5% de participación; incluso, en el Plan Nacional de Desarrollo se acordó subirlo al 1%. El gobierno ha conciliado. En el Cauca, el rubro indígena alcanzó para 2019, 41 mil millones de pesos, es decir, 162 millones de pesos por indígena. Adicionalmente reciben el 3% de las asignaciones directas de los municipios por regalías. Los indígenas han tenido privilegios en comparación con el otro 60% de la población caucana.

Aun así, a 2017 fue el tercer departamento con mayor pobreza del país, y es el segundo que menos la ha disminuido en 15 años. En los 80, el sector agricultor pesaba el 16% de la producción del Cauca, hoy en día pesa el 10%. El departamento ha perdido su mayor vocación productiva. Pasó de ser el un importante productor de leche del país al décimo noveno lugar, y al vigésimo segundo en producción cárnica. De igual manera, el sector de Comercio y Hoteles perdió 3 puntos de participación, llegando al 6%.

Y claro; la tierra no enriquece. Los recursos del Estado que son escasos se los han gastado en cambiar los propietarios de la tierra del Cauca. Poco se ha hecho en bienes públicos como acueductos, electrificación, vías. Nada en materia de mejorar la productividad. Por el contrario, aleja aún más la inversión y obliga a las pocas empresas a transvasarse.

El Gobierno nacional ha negociado. En las mesas para el Plan Nación de Desarrollo llegó a más de 216 acuerdos con los indígenas acompañados de 10 billones de pesos. Por primera vez se incluyó un capítulo específico para ellos. Tampoco sirvió. La protesta puede ser legítima. Las vías de hecho no lo son.