Por unanimidad la Asamblea del vecino país decidió el pasado siete de marzo quitar el “arancel patriótico” del treinta y cinco por ciento que se cobra desde 1999 a los productos y servicios colombianos. “Vamos a tener acceso a importaciones de buena calidad,” afirmó el presidente del Consejo Superior de la empresa Privada (Cosep), José Adán Aguirre, quien destacó la decisión del gobierno sandinista.
El gravamen se impuso con el argumento de que era indispensable allegar recursos para la demanda formulada ante la Corte Internacional de Justicia, fallada con el reconocimiento a Colombia en el 2007de la soberanía en el archipiélago de San Andrés y Providencia, posteriormente con la enredada sentencia del 2012 en la cual ese Tribunal decidió que el meridiano 82 no es frontera marítima parcelando el mar, fallo inaplicable sin suscripción de Tratados, cuando existen dos acciones más, una porque los nicas alegan que no se ha dado cumplimiento a la determinación de la Haya y otra que busca extender su plataforma continental a más de doscientas millas.
Con independencia del volumen de nuestros mercados, la abolición del impuesto es gesto amistoso aun cuando no incida en la solución del problema limítrofe. Sobre este reitero la tesis expuesta -jamás escuchada- con anterioridad al desarrollo de la litis hace treinta años de que cualquier pronunciamiento sería inejecutable como ha sucedido. En cuanto a la aspiración de extensión de la plataforma,-sigo sin entender que hacemos en la Corte cuando el presidente Juan Manuel Santos dijo hace un año que no compareceríamos- vale la pena repetir que carece de jurisdicción así haya manifestado que la tiene. De nuevo advierto cómo si llegara a fallar el veredicto también será inejecutable, crearía zozobra mundial, impactaría el orden internacional de manera negativa.
Aquí la cancillería continúa en babia, explicaciones al respecto no se dan a pesar de reiteradas solicitudes, parece que en medio de los escándalos de corrupción la estrategia es postergar definiciones, dejar el diferendo latente al nuevo presidente de la República quien asumirá en el 2018, error de inmensas proporciones.
Con Nicaragua y las Repúblicas del Caribe afectadas por la Corte habrá que dialogar y buscar convenios, inclusive para la protección de la reserva de Sea Flower. En el fondo eso lo sabe el recientemente reelegido Daniel Ortega quien proseguirá mandando cuando nuestro mandatario haya terminado su período. La obstinación es grande, continuamos con la bomba, sin desactivar, en la mano, en falencia ostensible en política internacional. De todos modos la derogación del “impuesto patriótico” sirve para acercar, Nicaragua y Colombia son países hermanos, el mar no se evapora.