Un candente debate se vive en Chile a propósito del texto del proyecto de constitución adoptado luego de un año de intenso trabajo por la Convención constitucional elegida el 15 y 16 de mayo de 2021 y que será sometida a plebiscito “ratificatorio” el próximo 4 de septiembre.

Un buen número de los  388 artículos y 57 normas transitorias puestas a consideración de los electores, han generado controversia en una sociedad profundamente dividida  que intenta encontrar  en un nuevo pacto constitucional acuerdos para superar la crisis social y política que desencadenó el estallido social de octubre de 2019,  enmarcado en un largo proceso de evolución institucional  para dejar atrás las normas y la concepción  del Estado y la sociedad  dejadas por la dictadura de Augusto Pinochet.

Fruto de un acuerdo entre los partidos, las fuerzas sociales y el gobierno, en noviembre de 2019, el itinerario constituyente imaginado entonces llega a su punto culminante en el que los chilenos deben decidir si aprueban o no el texto redactado por la Convención, integrada paritariamente (78 hombres y 77 mujeres) y con una importante representación de los denominados pueblos originarios.

Las enormes reivindicaciones sociales, particularmente en materia de salud, educación y pensiones, las aspiraciones de participación y de reconocimiento de amplios sectores que durante años se han sentido excluidos, encuentran la prueba de fuego no sólo de su consagración constitucional, sino de su viabilidad.

 Para algunos el texto, en el que se destacan por ejemplo el carácter  “plurinacional, intercultural, regional y ecológico del Estado social y democrático de derecho”,  y el deber  de este de  “generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”, responde a esas expectativas, a pesar de  algunas imperfecciones; para otros,  la normativa propuesta es muy etérea o va demasiado lejos, y corre el riesgo de generar más frustraciones y tensiones.

Más allá de los detalles del articulado y de los debates conceptuales y de técnica normativa que hoy se ponen de presente en los múltiples escenarios en los que se desarrollan las campañas a favor o en contra de la iniciativa, es claro el inmenso reto que enfrenta el actual presidente Gabriel Boric, quien fue elegido dentro de la ola generada por las expectativas y aspiraciones de cambio de millones de chilenos. Ello explica el gran esfuerzo de pedagogía y de amplia divulgación del texto del proyecto de Constitución que hace actualmente su gobierno, percibido por sus opositores como indebida intervención en el proceso.   

Las encuestas muestran que por el momento una mayoría de electores no aprueban el texto propuesto, a pesar, o en razón, según el ángulo desde el cual se mire, de la generosa consagración de derechos y del sustancial cambio en la concepción del rol del Estado que en él se plantea; y que un cierto número de quienes sí lo aprueban, consideran que en todo caso deben introducirse en el futuro ajustes para hacer realmente posibles las transformaciones propuestas.

Al margen de todo lo anterior, resulta inquietante que el referido texto parezca no haber logrado crear el consenso mínimo esperado, y corra el riesgo, en caso de ser aprobado, de convertirse en un elemento más de discordia política y social, y no en el pacto jurídico político deseado que garantice la convivencia dentro del respeto de las diferencias. Pero a su vez, de no aprobarse la nueva Constitución, Chile quedaría en el peor de los mundos, al no ver satisfechas a través de esta salida política, las inmensas expectativas de cambio que palpitan en su sociedad.

@wzcsg