La ley estatutaria de la JEP debió haber sido declarada inexequible en varios de sus apartes por la Corte Constitucional. Aquello no sucedió porque el gobierno Santos condicionó la elección de los nuevos magistrados de esa Corte, a la defensa de los acuerdos de La Habana. Tal vez ya hemos olvidado el linchamiento del que fue víctima un magistrado que se atrevió a modular en algo alguna pieza de los acuerdos. Ya no queremos recordar cómo la elección de los magistrados, en especial Diana Fajardo, estuvo marcada por la presión del Gobierno. Las órdenes y las amenazas se sentían el recinto del Congreso. Incluso demandé esa elección haciendo uso de un video donde se ve a los senadores voceros del gobierno presionando los votos, obligando a que los mostraran. El “tú cuidas la paz y yo te elijo” cambió la defensa de la Constitución por la defensa de los acuerdos.

Nuestra Constitución prevé que no solo las leyes pueden ser objetadas por inconstitucionales, sino también por inconveniencia política, y esta sí que es inconveniente. 

La impunidad si se mira en un puñado de casos particulares puede parecer intrascendente. Sin embargo, como política pública genera un tremendo daño institucional. Le dice a los otros grupos armados que asedian al país, que ese es un modelo aplicable a ellos. Recordemos que estamos frente a una ilegalidad que llega a los 7 mil hombres en armas. Todos con la expectativa de obtener los mismo o más de que tuvieron las Farc.

Por eso, la justicia es fundamental. La garantía de no repetición se refiere al hecho de que la manera como terminan los responsables da una señal a la sociedad, de que aquello estuvo mal. De que se rechaza. De que nunca más debería volver a suceder. Pero si todo son premios, la negociación en vez de acercarnos a paz, se convierte en una invitación a la violencia. Debemos evitarlo.

Lo mínimo que esperamos de esa ley es que elimine todos los beneficios a los desmovilizados que cometan algún delito. Así también la posibilidad de extraditar a los reincidentes. Un proceso donde la JEP determina la fecha, es en términos prácticos impedir todas las extradiciones.

Queremos que los casos de violencia sexual contra los menores de edad sean juzgados y sancionados por la justicia ordinaria. Es suficientemente rebuscado el argumento de que por razones políticas se puede matar y secuestrar. Soy de la opinión de que ninguna ideología autoriza el crimen. Fueron más allá y dijeron que el narcotráfico es un delito conexo al delito político. Absolutamente inaceptable. ¿Pero que por razones políticas se justifica violar niñas y obligarlas a abortar? Es un exceso que no se puede aceptar, jamás.

Tampoco es admisible que para los responsables de crímenes de lesa humanidad no haya penas privativas de la libertad. Ya es difícil aceptar que en vez de cárcel estén en colonias agrícolas, pero ¿qué queden libres y en ejercicio de funciones políticas? No, jamás.

Las audiencias deben ser públicas si al menos se piensa cumplir con la pomposa promesa de “verdad”, lo que hemos visto de audiencias secretas, sin las víctimas, es una burla más.

El Presidente Duque se tomará el tiempo para objetar todo lo necesario. Ojalá con ello se abra el espacio para garantizar a nuestras Fuerzas una justicia justa. No de impunidad pero de respeto a la presunción de inocencia.