En el día mundial de los animales, Colombia tiene mucho de qué preocuparse. Siendo el segundo país donde hay más biodiversidad en el planeta, es también donde hay más tráfico ilegal de especies silvestres. Las cifras son abrumadoras. Solo este año, al mes de mayo, la Policía Nacional había incautado 6.000 ejemplares de fauna que iban a ser vendidos ilegalmente. Después del narcotráfico, esta es la actividad ilícita más lucrativa del país y se estima que mueve alrededor de 23.000 millones de dólares anuales.

Hay que tener el corazón bien estrecho para amordazar a un loro, meterlo en una botella de plástico y transportarlo escondido durante días, a veces semanas, hasta su destino final. Claro, suponiendo que soporte la travesía, pues más de la mitad de estos animales muere en el trayecto. Esta es la tragedia que padecen también guacamayas, tortugas, iguanas, babillas y monos; por nombrar algunas de las especies que son vendidas vivas como mascotas, o muertas como insumo para fabricar productos suntuosos.

Al ser sometidos a tanto estrés, los animales que logran ser rescatados tienen pocas posibilidades de sobrevivir, a pesar de que cada vez el país cuenta con más mecanismos para su atención. En el otro extremo de la infamia, hay que ser muy poca cosa para comprar estos animales y, desde la comodidad de la inconsciencia, promover la crueldad como oficio y actividad económica.

Al traficar con animales silvestres, y comprarlos, se pone en riesgo la supervivencia de las especies y los ecosistemas locales; cada uno cumple un propósito específico en su hábitat y alterar este equilibrio implica un daño irreparable al medio ambiente. Esto sin contar con el peligro que supone la introducción de especies foráneas en otros entornos; algo tan descabellado y nefasto cómo traer hipopótamos africanos a las riberas del río Magdalena.

Esta práctica constituye también una amenaza para la salud de las personas. La fauna silvestre puede portar agentes infecciosos transmisibles a los humanos; por eso es tan importante que las autoridades sanitarias regulen su movilización. Después de lo ocurrido con el SARS-CoV-2, un virus de origen animal que saltó a los humanos y confinó al mundo entero, combatir el tráfico ilícito de fauna es, cada vez más, una prioridad de la política nacional e internacional. La Ley 2153 de 2021, que ordena la creación de un sistema de información para prevenir este delito, apunta en ese sentido y fortalece la acción institucional. Por nuestra parte, rechazar y sancionar socialmente esta infamia es nuestra tarea como ciudadanos.

En pleno siglo XXI, el extractivismo sigue instalado en la manera de pensar y de actuar de muchos colombianos. Los territorios siguen siendo expoliados y saqueados impunemente porque se consideran tierra de nadie, en vez de casa común. La raíz más profunda de este problema habita en la cultura y su solución de fondo está en la educación. No somos dueños absolutos de la tierra, ni podemos disponer a nuestro antojo de las otras formas de vida; simplemente somos otra especie más.

@tatianaduplat