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En grandes rasgos se puede decir que después de que Álvaro Gómez Hurtado sostuviera que “los diversos escándalos- y los que sobrevengan- que vienen conmoviendo a la opinión pública- deben ser asumidos en su exacta dimensión: son muestras de la crisis moral que padece el país”, e insistiera hasta cuando fue asesinado en la necesidad de “cambiar el régimen”, en Colombia se ha venido dando una catarsis por la corrupción en capítulos, hasta el punto de que con el caso de los sobornos de Odebrecht el interrogante clave es si este será un capítulo más o será el último de la corrupción grande, para que la catarsis surta los efectos purificadores sobre el régimen político.
No es claro si dicha catarsis se ha venido dando principalmente porque, por hacer caso omiso a las advertencias de Gómez y otras del mismo cariz, el crecimiento de la corrupción se disparó hasta provocar la reacción para frenarla, o porque en distintas formas y momentos han surgido funcionarios estatales en los campos de la seguridad y la justicia y uno que otro congresista, que no precisamente influidos por la ejemplaridad y voluntad política del presidente de turno, sino por sus propias convicciones, han sabido cumplir con su deber denunciando o investigando para que los responsables asuman las consecuencias de sus conductas y el régimen político recupere alguna cota de legitimidad sancionándolos.
Recordemos los capítulos más sonados. El proceso ocho mil, la “parapolítica”, la corrupción del DAS, los “falsos positivos”, Agro-ingreso seguro, el cartel de la contratación en Bogotá y el desfalco de los Nule, Reficar, el foco de corrupción del departamento de la Guajira, Saludcoop y los distintos “carteles” que han desfalcado el sistema de salud.
Lo cierto es que algunos analistas suponen el hastío de la ciudadanía frente a una clase política que con cada escándalo se hunde aún más en el desprestigio, algo de lo que siempre se habla, pero cada cuatro años se controvierte en las urnas, pues salvo contadas excepciones, las maquinarias para obtener los votos comprados siguen funcionando y siguen siendo elegidos muchos de los mismos si no están en la cárcel o inhabilitados por la Procuraduría.
Es que no se ha atacado en su raíz y constantemente la corrupción, es decir no se ha afrontado de verdad la crisis moral con medidas de corto y largo plazo. Por esto el problema apunta a un sistema de corrupción estructural amarrado al ejercicio del poder político que para depurarlo es fundamental enfrentar verdades difíciles y tomar medidas serias para garantizar la transparencia, empezando por sacar de la carrera pública a quienes han construido sus capitales políticos alrededor de los contratos estatales. Hoy día no hay excusa para que lo de Odebrecht no sirva de punto de inflexión en la historia colombiana.