Una de las grandes paradojas en el desarrollo de la actual campaña presidencial ha sido la registrar que quienes más proclaman la necesidad de buscar un cambio institucional en el país le tienen un temor inexplicable al único procedimiento que lo puede hacer posible, como es una constituyente. Por ello vemos con curiosidad que esa sea una exigencia de dirigentes del Partido Verde  para votar por Gustavo Petro, además de respetar la Constitución de 1991, de no cerrar las Cortes y el Congreso, de respetar el derecho a la propiedad, que no haya expropiaciones, que exista un compromiso con la meritocracia, que las decisiones de política pública sean  fiscalmente responsables y un compromiso pleno con la consulta anticorrupción; puntos que también las podría suscribir el candidato Iván Duque.

Otra de las paradojas es ver como juristas respetables apelan al lenguaje político para descalificar la propuesta de unificación de las Cortes. Con esa iniciativa, ya lo hemos dicho, se puede estar o no de acuerdo, pero es sano que se adelante el debate con argumentos sobre su eventual conveniencia o inconveniencia. Lo que no es atendible es descalificarla de entrada afirmando que es peligrosa para el país, que busca acabar con la Corte Constitucional y la acción de tutela y que es para favorecer al expresidente Uribe, como si ello implicara acabar con la sala penal. También se dice que esa propuesta significa regresar a la Constitución de 1886, cuando bajo su égida nunca convivieron en un solo cuerpo el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

Se pueden prever dificultades prácticas para reagrupar la Corte Constitucional con la Suprema. Además, consideran algunos, las decisiones que se tomen pueden quedar en manos de mayorías distintas a los de la Constitucional, y quienes piensan lo contrario dicen que una mayoría de seis magistrados no es suficiente para decidir sobre temas que involucran la opinión mayoritaria del país.

Como puede verse siempre habrá argumentos sobre las ventajas o desventajas de la adopción de este sistema de organización de la cúpula judicial, pero ello no lo vuelve una propuesta peligrosa.

Por otro lado, también resulta curioso -lo que no es malo- que sea precisamente el candidato Gustavo Petro el que invoque el Acuerdo sobre lo Fundamental que propuso Álvaro Gómez en 1990, cuando fundó el M. de S.N., porque no es lo mismo. Gómez hablaba del “acuerdo de todos los colombianos sobre cinco puntos fundamentales en que nadie de buena fe puede discrepar”, así: “la efectiva vigencia de la ley, la recuperación de la moral pública, el restablecimiento de la justicia, la adopción de un modelo económico que procure el desarrollo equilibrado con Justicia social  y la preservación de los recursos naturales. Objetivos que apuntan hacia la reconquista del derecho a vivir en paz y a constituir un futuro amable y justo para los colombianos”. Esos cinco puntos esenciales para gobernar a Colombia no son lo mismo de lo que hoy propone el aspirante Gustavo Petro.