Se conoció el proyecto de Acto Legislativo que busca modificar la Constitución, otorgando facultades especiales al presidente de la República para conceder “perdones” y “restablecimiento de derechos políticos”, sin atender a la naturaleza de los delitos por el cual fue condenada la persona, se incluyen incluso delitos que tengan que ver con actos de corrupción; aunque se excluyen los de lesa humanidad.

La iniciativa viene avalada por un grupo de organizaciones sociales y se presenta en el marco de la política de “paz total” del gobierno y tendría una duración de dos años.   Implica una reforma a la Constitución, puesto que supera el marco constitucional de la amnistía o el indulto, que solo tienen cabida para los llamados delitos políticos, mientras que la iniciativa cubriría, en principio, toda clase de delitos.

Se le conceden poderes exorbitantes al Presidente, acentuando aún más el marcado presidencialismo que caracteriza nuestra República y a los países latinoamericanos, con unos sistemas constitucionales que entronizan el poder presidencial, otorgando unos privilegios exagerados; ahora, rayando con las atribuciones del poder judicial, se pretende romper el equilibrio de poderes para que el presidente pase por encima de las decisiones judiciales.

Con la reforma constitucional propuesta, el presidente de la República podrá otorgar “perdón judicial” con alcance de caducidad o extinción de la acción penal en los eventos en que este beneficio contribuya “de modo fehaciente” a los fines de la política de paz total o porque las circunstancias que rodearon los hechos estuvieron influidas directa o indirectamente por política de Estado, en el conflicto armado o el “ambiente de pugnacidad” generado por éste.

Con esta iniciativa se va más lejos de las concesiones que se le dieron a las Farc en los acuerdos de La Habana, pues el componente de justicia, en aquella ocasión, los obligaba a reconocer los delitos y reparar a las víctimas para obtener los beneficios  de la JEP. Ahora pareciera que se trata simplemente de un “perdón y olvido”; iniciativa que, de pasar los ocho debates que se requiere en el Congreso, lo que suena bastante difícil, podría configurar una verdadera sustitución del diseño de la Constitución.  

Llama la atención el punto cuarto del proyecto por el cual se faculta al Presidente para crear un “equipo jurídico” que analizará los casos judiciales por errores jurisdiccionales y por instrumentación de la “justicia politizada”; creación que a todas luces sustituye el diseño constitucional, para la estructura y competencias de la rama judicial del poder público.

Bueno, pero si no pasa el proyecto de Acto Legislativo en el Congreso, por la falta de coalición política que ahora se torna evidente ante el fracaso de los proyectos de reforma que presenta el gobierno, tendría otra justificación para la constituyente que propone.  

En lo que sí es ganador el gobierno y hay que reconocerlo, es en su capacidad de imponer la agenda temática de discusiones y colocar a todo el país a disertar sobre ella.