VISITAMOS los EE.UU. con una amplia delegación de congresistas de varios partidos para compartir algunas reflexiones sobre la lucha contra las drogas con parlamentarios, autoridades y organizaciones de la sociedad civil de ese país.
La primera pregunta, por lo demás muy pertinente, es ¿Qué pasó? ¿Acaso fracasó el Plan Colombia? ¿Por qué hoy Colombia tiene 208 mil hectáreas de coca?
Hay una sola respuesta, fue un éxito. En mi opinión, con la excusa de la negociación de La Habana se dejaron de aplicar las herramientas del Plan Colombia. Por una parte, especulo, las Farc para estar en la mesa exigían que se prestara menos atención a los cultivos. En el 2014 que se hicieron públicas las negociaciones y los cultivos aumentaron en 39,4% y al año siguiente que se publicó el acuerdo sobre narcotráfico creció otro 42%. La razón es evidente, se acababa la fumigación -convertida en recurso extremo- y se ofrecían beneficios a quienes sustituyeran voluntariamente.
Más aún, el régimen de Venezuela, padrino de los acuerdos es un aliado fundamental del negocio del narcotráfico. El cartel de los Soles en el territorio venezolano se convirtió en ruta y escondite de todos los narcos. Tanto así, hemos olvidado que cuando Walid Makled, alias “El Turco”, fue pedido en extradición por los EE.UU., el presidente Santos prefirió extraditarlo a Venezuela y con ello poder ocultar el vínculo del chavismo con el narco.
El narcotráfico genera violencia. Financia las estructuras criminales que asesina los líderes sociales, que ejercen presiones en elecciones y que pretenden ser el Estado en el territorio. De los 158 líderes asesinados, los grupos criminales han sido responsables en un 13% por disidencias de las Farc, 10% por el Clan del Golfo, un 8% por el ELN, y un 4% EPL.
Derrotar el narcotráfico es fundamental para consolidar el Estado de Derecho. El narcotráfico asentado en las regiones actúa como una especie de barrera que repele al Estado. Instrumentalizando las comunidades, presionan y hacen todo lo necesario para que el Estado no llegue y ellos puedan seguir mandando.
Para acabar con los cultivos ilícitos hay que tener en cuenta las tres fases. Reducir, para lo cual la fumigación es fundamental, o cualquier técnica masiva eficaz y rápida. Sustituir, para que los campesinos vinculados pasen a otro producto y dediquen sus tierras a otra cosa. Mantener, para lo cual la clave es la garantía de mercados y de precios para esos productos.
Otra reflexión que como país tenemos que hacer es si es necesario llevar el Estado a las áreas inaccesibles o si por el contrario los ciudadanos en esas áreas, especialmente los del frente colonizador, que deforestan los bosques, podrían ser reubicados. Un sistema de subasta que les ofrezca nuevas alternativas y tierras en otra parte podría ser más eficiente para que todos los ciudadanos tengan Estado y esté al alcance para todos los ciudadanos.
Colombia debe tener en cuenta que un porcentaje muy significativo de su territorio son bosques que deben ser preservados y protegidos. La solución no es llevar vías y estado para propiciar y fomentar la destrucción de esos ecosistemas estratégicos, lo que debemos es garantizar calidad de vida y presencia estatal para los ciudadanos; lo que en muchos casos implicará reubicarlos.
Mientras la droga sea un mejor y más seguro ingreso, a veces el único ingreso posible, las políticas de erradicación serán siempre pasajeras. Se requiere un sistema que garantice el precio y el mercado. Así lo planteamos a los congresistas de los EE.UU.