El domingo pasado 7 de mayo los chilenos volvieron a las urnas para tomar una decisión fundamental: la creación de un Consejo Constitucional que tiene el encargo de redactar una nueva Carta Magna. 

Recordemos que la manera como los políticos chilenos encontraron una salida a la explosión social de octubre de 2018 fue con el Acuerdo para la Paz que señalaba el camino para construir una nueva Constitución elaborada por una Convención Constitucional (155 miembros) elegida popularmente. El Centro-Izquierda obtuvo una mayoría. Digamos que fueron momentos gloriosos para la izquierda que además logró llevar a la Presidencia a Gabriel Boric, un conocido líder estudiantil, menor de 40 años.

No tuvieron igual fortuna en la elección del Congreso y, mucho menos, cuando sometieron la propuesta de Constitución elaborada por la Convención, al voto popular. Ésta fue rechazada (septiembre 2022).

Por lo menos se cometieron dos errores protuberantes: la izquierda se comportó en la Convención autocráticamente, imperialmente. Los convencionistas que no pertenecían a esa mayoría se quejaron una y otra vez de que sus iniciativas o propuestas no eran tomadas en consideración. Semejante actitud tan excluyente, tan lejana de un auténtico espíritu democrático, no fue bien recibida por la opinión pública. Y, entonces, entró en operación otro error protuberante: someter a referendo popular este nuevo texto constitucional.

Existe una opinión bastante predominante en el sentido de que no es conveniente someter textos complejos a la decisión popular porque éstos suelen recibir un voto desfavorable. Así se ha verificado en varias ocasiones, por ejemplo, el voto sobre la continuación o no de la Gran Bretaña en la Unión Europea o el Acuerdo de Paz en Colombia. Los expertos conocedores del tema dicen que los ciudadanos no están en capacidad de captar toda la complejidad de textos como estos y que circunstancias muy pasajeras resultan siendo determinantes de la decisión popular.

El procedimiento que se utilizó en Colombia, desde sus comienzos, durante los debates y al final en su aprobación definitiva en la Asamblea Constituyente mostró que había un amplio consenso nacional que inclusive había incorporado el asentimiento de varias guerrillas y la favorabilidad de una ciudadanía que había participado activamente. No fue necesario contemplar un referendo y la aceptación de la Constitución llega hasta nuestros días.

Así las cosas, el presidente Boric, y es un hecho político muy notable que hay que subrayar, al reconocer que la oposición había ganado el nuevo referendo, el Partido Republicano con el 35% de los votos y Chile Seguro con el 21%, en una votación obligatoria que contó con el 85% del potencial no sólo aceptó estos resultados como le correspondía, sino que ofreció un consejo que no se puede pasar por alto. Le pidió a la nueva mayoría que tiene a su cargo la elaboración de la nueva Constitución que no cometiera el mismo error de sus copartidarios de la izquierda que resolvieron ignorar las opiniones de las minorías en la anterior Convención Constitucional, hecho que buena parte de los analistas consideran como uno que fue un factor que determinó la desaprobación de la nueva Constitución (septiembre 2022).

Es que en Colombia estamos recorriendo el camino inverso. Comenzamos con un Acuerdo Nacional muy bien acogido por la opinión pública en el cual liberales, conservadores y la U aceptaron formar parte del gobierno para facilitar así la gobernabilidad democrática del gobierno de izquierda. Y ahora el propio presidente radicaliza el proceso al anunciar el entierro de la Coalición, al destituir siete ministros (ya antes había destituido tres) y al reorganizar su gabinete con funcionarios que lo ayudaron en su gestión como Alcalde Mayor y otros que forman parte de su círculo más cercano.

En Chile se está pasando de la radicalización a la búsqueda de un consenso nacional.

Tenemos a la vista dos procesos con itinerarios diferentes. Veremos cuál alcanza el objetivo deseado.