Sobre la actualidad colombiana -infortunadamente- hay muchas más preguntas que certezas. Interrogantes a los cuales no se ha respondido, o no se ha respondido de manera satisfactoria:

-¿En qué momento –y sobre todo, cómo- llegaron a las altas magistraturas personajes oscuros que han avergonzado a las altas corporaciones judiciales y han hecho que los colombianos hayamos perdido confianza en nuestras instituciones?

-¿Cómo es posible que el Gobierno haya propuesto inicialmente una improvisada inclusión de la reforma a la justicia en la reforma política, reduciéndola a la reproducción de la Comisión de Aforados (Acto Legislativo 2 de 2015), declarada inexequible por la Corte Constitucional por razones de fondo y, además, por la vía del “fast track”, específica y únicamente previsto para la implementación del  acuerdo de paz firmado con las Farc?

-¿Por qué ahora quiere, con la misma finalidad, un referendo, si  antes –en relación con el proceso de paz- afirmó, tras proponerlo y reformar la Ley Estatutaria, que un referendo era un suicidio? ¿Y, especialmente, cómo propone un referendo, si antes propuso un plebiscito sobre el Acuerdo de paz, lo perdió y después no cumplió el veredicto popular?

-¿Por qué el presidente Santos –quien hizo parte del Gobierno Uribe- declara en Estados Unidos (Conferencia Internacional de Desarrollo Sostenible)   que esa administración no creyó en el cambio climático y que por ello eliminó el Ministerio del  Ambiente?  No pertenezco al Centro Democrático, pero -siguiendo a Aristóteles- soy amigo de la verdad, y, hasta donde recuerdo, la Ley 790 de 2002 –impulsada por ese gobierno-  contempló, en el numeral 10 del artículo 7, el “Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”. Hasta donde entendemos, Colombia nunca ha negado el cambio climático y, por el contrario, desde la Constitución, se proclama como objetivo nacional la protección del medio ambiente y  de la ecología. ¿Está bien que se distorsionen las cosas ante un organismo internacional?  ¿Creen que nadie se da cuenta?

-Seguimos sin entender la razón para que el Gobierno haya adelantado el proceso de paz con las Farc, quiera avanzar en proceso similar con el ELN y hasta contemple admitir el de grupos criminales comunes, sin exigir la liberación de secuestrados (o, al menos, el señalamiento del lugar en que reposan sus restos, si murieron en cautiverio), y sin exigir tampoco la devolución de los menores reclutados, ni la plena reparación de las víctimas.

-¿Cuál la razón para el cambio de actitud del gobierno Santos respecto al de Venezuela -su  nuevo  mejor  amigo, según se dijo en 2010-, si, además, confió en ese gobierno para asesorar y verificar todo lo relativo al proceso de paz adelantado con las Farc?

-¿Cómo puede el Gobierno actual aterrarse de la corrupción y de la falta de independencia de la administración de justicia, si ha postulado sus candidatos  a los distintos altos cargos sobre la base indeclinable del apoyo que en ejercicio de sus funciones den a la paz, desde luego confundida ella  con el Acuerdo Final? ¿Y cómo es eso coherente, si inclusive una magistrada de la Corte Constitucional fue elegida por el Senado bajo la amenaza según la cual, si era elegido otro de los integrantes de la terna, las Farc regresarían a la guerra?

Un Gobierno debe ser coherente y, sobre todo, veraz.