Volvemos a la dictadura de las minorías que busca imponer, vía proyectos de ley, una realidad social, jurídica y económica con la cual la gran mayoría de colombianos no concordamos. Don Andrés Bello, el autor del Código Civil Colombiano, una obra maestra elaborada por una de las mentes jurídicas más brillantes del siglo XIX y de la historia latinoamericana, debe estar retorciéndose en su tumba al ver que, por una puja de egos de las facultades de derecho, soberbios académicos e insaciables politicastros quieren modificar de manera abrupta el código más antiguo y, sin lugar a dudas, el más justo e importante de la Nación.

Además, como si fuera poco, también se busca modificar el Código de Comercio. ¡En medio de una reactivación económica! Estas irresponsables y peligrosas propuestas  aumentarán el caos y la incertidumbre que generó la pandemia en nuestro país.

Cuando se analiza con detenimiento la propuesta de Código Civil de la Universidad Nacional de Colombia se descubre, en mi opinión, una agenda oculta denominada por los mismos promotores como “la constitucionalización del derecho privado”. El texto contiene una serie de artículos que, entre sus ambigüedades, pondrán en riesgo la propiedad privada y, con ello, el Estado Social de Derecho.

En el artículo 270 del proyecto, se establece que un tercero(s) “crea tener mayores derechos sobre los bienes de otro, no está obligado a respetar el dominio de ese otro” o que “prevalecerán los derechos de las comunidades sobre los derechos de propiedad legalmente adquiridos por particulares”. En otras palabras, se otorga el beneplácito de la Ley y las autoridades para la invasión arbitraria e ilícita por vías de hecho de cualquier propiedad privada en nombre de la ‘función social’.

¡Pero espere, hay más! El artículo 268 proyectado parece redactado por Hugo Chavéz o mejor dicho por Gustavo Petro. Plantea que el propietario de un bien debe explotarlo acorde a lo que considere el Estado satisface “el bienestar social”. De manera complementaria, el artículo 271 obliga al propietario a cumplir con la explotación o el uso ordenado bajo la sanción, en el caso de no hacerlo, de que pasaría a manos del Estado. ¡Expropiése, como decía el comandante!

Otra amenaza a la libertad individual y la economía de mercado esta en el artículo 272 que propone que todo terreno rural en el cual su dueño no realice una actividad de “conservación”, se entenderá como “abandonado” y siendo suficiente causal para su expropiación. Lo mismo sucedería con los predios urbanos, solo que en un periodo de diez años. ¿Una nueva reforma agraria a escondidas? ¡Con lo bien que nos fue con las anteriores!

Es difícil imaginar que este proyecto de la Universidad Nacional vea la luz en el legislativo, pero muestra claramente el modelo económico y social que estas minorías pretenden para Colombia. Lo preocupante es la intención de imponer estas agendas ideológicas proto marxistas a espaldas de la ciudadanía. Poco a poco nos están llevando hacia el autoritarismo y ¿el país? ¡Dormido!

@NicolasGomezzA