Los casos de Quintero y Caicedo, gobernantes local y regional elegidos popularmente como Alcalde de Medellín y Gobernador del Magdalena, respectivamente, quienes en pleno ejercicio de sus cargos toman la decisión de renunciar tres meses antes de concluir sus periodos para salir a hacer política de frente, apoyando el candidato de sus preferencias y de la misma corriente que los llevó al poder -incluso exfuncionarios de sus administraciones- dejan ante la opinión pública varias inquietudes.    

El mero hecho de abandonar anteladamente la conclusión de sus mandatos es deleznable; pero salir a hacer política en favor del candidato de su preferencia, para buscar ser elegido en cuerpo ajeno, es antidemocrático. Y si a lo anterior se le suma que conforme a las normas actuales se encarga de sus puestos abandonados a un funcionario de su administración y corriente política que ellos mismos representan, quién continua al frente con un poder presupuestal y de contratación que pone al servicio de los candidatos apoyados por los anteriores funcionarios, es algo que ya raya con la corrupción.

Lo anterior ha motivado la radicación el pasado 4 de octubre de un proyecto de ley que busca crear una inhabilidad para los alcaldes y gobernadores en el territorio nacional, prohibiendo a los mandatarios locales y regionales renunciar para irse inmediatamente a participar en política en campañas electorales. Se pretende con el proyecto que precisamente los gobernantes regionales y locales, no abandonen sus cargos, con finalidades políticas electorales. Muy interesante la inhabilidad que propone el proyecto, tanto para el funcionario saliente como para quién lo reemplaza, pero no es suficiente.

Opinamos que debería irse incluso más allá y la regulación debería ser más drástica; quien renuncia en el último año de su gobierno no debería ser reemplazado por alguien de su corriente política, precisamente para salvaguardad el patrimonio público, de destinaciones desviadas con fines politiqueros. Es necesario cambiar las normas actuales que regulan el reemplazo de los salientes. Si bien es democrático que el reemplazo sea alguien de su misma corriente política; si el retiro se da en el último año, la sanción podría ser que lo reemplace alguien del partido opositor, no alguien de propio partido; así lo invita a quedarse. 

De todas maneras, quién abandone su cargo de elección popular por finalidades políticas, debería quedar inhabilitado para ser elegido por un periodo de tiempo, pues ha quedado demostrado que antepone la finalidad política a los intereses generales de la población.

Se trata de sancionar al que deja tirado su cargo en el último año, sin justificación alguna y de paso también a su partido o corriente política. Lo anterior, de manera alguna va en contra de la Constitución Nacional, preocupación que ocupa a algunos opinadores. Se pretende depurar las costumbres políticas de una serie de prácticas corruptivas que atentan contra la democracia y que han quedado en evidencia ante las actuaciones de Quintero y de Caicedo. Se busca defender la democracia de que aquellos que nos son leales con quienes depositaron en ellos su confianza; no solo gobernadores y alcaldes, sino todo elegido por votación popular que decline su mandato para hacer política.