RAFAEL NIETO NAVIA | El Nuevo Siglo
Martes, 16 de Abril de 2013

La tutela agoniza

 

La tutela es una acción judicial que busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las autoridades y prestadores de servicios públicos o frente a quienes el solicitante esté en condiciones de subordinación o indefensión. Este mecanismo sencillo y rápido por sí solo justificó la Constitución de 1991 y hubiera sido suficiente adoptarlo para actualizar la de 1886. Se debe utilizar solamente cuando no hay otro medio de defensa judicial a menos que se trate de un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Pero como es, en realidad, algo que la gente conoce y entiende, de la tutela se ha hecho uso y abuso. En todo caso, preferible tenerla que no tenerla. Aun con una Corte Constitucional que cree que con base en tutelas puede modificar la ley y hasta la Constitución a su antojo.

Pero no todo son pajaritos de oro.

Por ejemplo,  una persona formula una petición al Seguro Social o a Colpensiones para que le paguen su pensión. Como estas entidades no acostumbran a atender los derechos de petición como les ordena la ley, la víctima acude a la tutela. Y se suma a las miles de tutelas que esas entidades no cumplen ni contestan. Entonces se acude a la acción de desacato que puede conducir al arresto de quien no cumple. Y resulta que los juzgados son incapaces de notificar la demanda, lo que paraliza el proceso. 

Y la figura estrella de la Constitución agoniza vulgarmente en manos de la burocracia.

Contaba la prensa hace unos días que en siete meses de funcionamiento y no obstante más de cien mil millones de pesos que le dio el Gobierno, Colpensiones tiene 800.000 mil trámites represados y más de 50.000 tutelas falladas en su contra, pero ni un día de arresto para su gerente, que no resuelve los problemas de la gente que necesita la pensión para vivir. No puede ser, por otro lado, que la gente se vea obligada a entregar a Colpensiones varias veces toda clase de pruebas y documentos y ellos se queden tan frescos.

El Superintendente de Industria y Comercio, cuya función es defender a los consumidores de los abusos de quienes tienen una situación de preponderancia, también hace mutis por el foro con el derecho de petición. Y las EPS… y así podríamos seguir.

¡Lástima! Mucho tilín-tilín y nada de paletas.

El Gobierno, porque son entidades de gobierno, tiene que hacer algo al respecto. Eso es gobernar.

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Coda. Lo único que nos faltaba es que los terroristas nos arrebataran las banderas de la paz y que la Marcha Patriótica se pusiera de ejemplo de pacifismo. Todo porque hemos resuelto que quienes critican, por cualquier razón, el proceso de La Habana son enemigos de la paz  o extremistas de derecha. Lo peor que puede pasar es que sigamos dividiendo el país entre buenos y malos y que los malos sean los que creen que las Farc deben pagar por sus crímenes.