El sufragio y las elecciones son la esencia de una democracia; esta manera de gobernar los pueblos se asienta en la participación ciudadana por medio del voto, que es un derecho y un deber de los ciudadanos.  Es también deber del Estado garantizar que la sociedad pueda ejercer su derecho al sufragio sin ningún tipo de coacción, en forma secreta y con absoluta libertad.    

La Constitución les asigna a las autoridades electorales competencias para que estos propósitos sean realidad.  El Consejo Nacional Electoral, el Registrador Nacional de Estado Civil y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa que conoce de las acciones electorales, son los encargados de velar por estas garantías ciudadanas.

La Registraduría tiene a su cargo, la dirección y organización de las elecciones; es decir, debe ser la administradora del proceso y la garante de su transparencia.   En esta tarea, que se viene decantando desde nuestros inicios republicanos, no se pueden aceptar improvisaciones ni equivocaciones.

Por todo lo anterior, quedamos estupefactos con lo acontecido después de las elecciones del pasado domingo 13 de marzo, cuando la Registraduría reportaba que 17,5 millones de personas habían depositado su voto en las elecciones de Senado.  Luego pasó a un cambio en las cifras el viernes 18 de marzo, con el 97% de escrutinio, pues aparecieron 214 mil votantes adicionales que no estaban en el preconteo. De los ocho partidos políticos que alcanzaron el umbral, seis disminuyeron su votación, y un partido, el Pacto Histórico, sumó más de 350 mil nuevos votos. Las diferencias entre preconteo y escrutinio pasaron de un 0,5% en las pasadas elecciones a más del 7% en las actuales. ¿Como explicar la diferencia definitiva de casi cuatrocientos mil votos entre los dos conteos?

Pero para contribuir al asombro, resulta que un solo partido incrementó en más del 16% su número de votos. Los nuevos votos encontrados solo beneficiaron al Pacto Histórico, y gran parte de los 180 mil votos que perdieron los otros partidos con umbral, se fueron para ese mismo partido.  Lo que contradice todas las estadísticas de probabilidades.

La Misión de Observación Electora l-MOE- ha dicho que no hubo fraude en las elecciones; atribuyen las diferencias a la confusión de los jurados, y un error en el formato E-14 en la página 9 donde el sistema no tomó los votos por el Pacto Histórico. También se ha dicho por otros que se improvisó con jurados, que muchos no fueron debidamente capacitados.

Llovieron propuestas para salir del lio que causó el dislate en las cifras electorales; repetir el conteo principalmente; trámite que no está previsto en la ley. El procedimiento debido ya está señalado y no se puede cambiar debido a las circunstancias del momento, así estuvieran de acuerdo todos los partidos políticos que participaron. Una vez se produzca el acto administrativo que declare electas a las personas y quede en firme, lo que puede seguirse son las respectivas acciones electorales previstas en la ley, ante la jurisdicción contenciosa; aquí podrán ordenarse pruebas, incluso la del reconteo.  

Definitivamente se peló la Registraduría, en lo que es prácticamente su esencial función y razón de ser, dar transparencia y seguridad a la materia prima de una democracia.