De continuar la guerra en Ucrania y otros conflictos en diferentes partes del mundo, el desafío del 2022 será garantizar un mayor acceso a los alimentos actualmente existentes, y para el 2023 una suficiente producción de alimentos.
Cuando se aproximan los cuatro meses del inicio de la guerra, el 24 de febrero, los datos siguen mostrando una tendencia al incremento de precios de los alimentos, particularmente en los países más carenciados, mientras crece la preocupación por los posibles efectos de estos aumentos.
La potencial escasez de algunos productos, pueden generar inestabilidad interna en numerosos países, aumentando a su vez los flujos migratorios internos y externos.
La subida de los precios de los productos energéticos y de los fertilizantes puede provocar el aumento del hambre en varias decenas de millones de personas, incrementando severamente la cifra de 811 millones que ya pasaban hambre en el año 2020.
Esa cifra siguió incrementándose por los efectos de la covid-19, en más de 100 millones en el 2021, poniendo además en riesgo la próxima cosecha a nivel global.
Según un reciente estudio de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ya en 2021 alrededor de 193 millones de personas en 53 países padecían inseguridad alimentaria aguda y necesitaban asistencia muy urgente, casi 40 millones más que en el 2020.
Sigue siendo alta la alarma de hambruna en Afganistán, Etiopia, Nigeria, Somalia, Sudan del Sur y Yemen.
Serán los países más frágiles de África y de Asia quienes pagarán el precio más alto, aunque numerosos países europeos dependan en 100 % de los fertilizantes rusos, primer exportador mundial.
Tal es el caso de Estonia, Finlandia, Lituania y Serbia, mientras países como Eslovenia, Nord Macedonia, Noruega y Polonia, entre otros, también dependen en buena medida de esos fertilizantes.
Además, más de 50 naciones de otras partes del mundo dependen, al menos en 30 %, de los fertilizantes rusos.
Entre los países que pueden verse más afectados por su dependencia de la importación de trigo y maíz de las naciones europeas en guerra figuran Egipto y Turquía, así como varios países africanos como Congo, Eritrea, Madagascar, Namibia, Somalia y Tanzania.
En relación al aumento del precio de los alimentos, existen países como Líbano donde el incremento ya superó 300 %. Sin embargo, incluso países más desarrollados están sintiendo el impacto del conflicto como es el caso de Alemania que sufrió un aumento de precios de 12 % o de Reino Unido donde aumentaron más de 6 % por ciento.
A fines de marzo, con poco más de un mes en guerra, los productos alimenticios ya habían aumentado 12,6 %, el más alto incremento desde 1990 según datos de la FAO.
La reducción de la producción puede determinar una inmediata caída de la calidad de la alimentación, causando de consecuencia un aumento de la crítica situación de la obesidad que ya supera los 600 millones de personas, mientras más de 2000 millones sufren de sobrepeso, lo que puede también aumentar los riesgos de salud, desde aspectos cardiológicos a la diabetes.
“Necesitamos mantener el sistema de comercio global abierto y asegurar que las exportaciones agroalimentarias no sean restringidas o sometidas a impuestos”, señaló el director general de la FAO, Qu Dongyu.
Para Qu, hay que aumentar las inversiones en aquellos países afectados por el actual precio de alimentos, reducir el desperdicio de alimentos y mejorar y lograr una utilización más eficaz de los recursos naturales, como agua y fertilizantes.
También hay que impulsar las innovaciones sociales y tecnológicas que reduzcan de manera significativa las rupturas del mercado en la agricultura, así como mejorar la protección social y la asistencia personalizada para los agricultores más afectados en esta crisis.
*Subdirector general de la FAO.