“Hay que construir Estado para tener paz”

La desidia del gobierno Santos en extender la institucionalidad a las zonas que vivieron el accionar de los grupos armados ilegales se ha convertido en el legado más perverso de su administración y en el motor del recrudecimiento de la violencia que hoy amenaza a la seguridad nacional y a la democracia colombiana.

Al amparo de esa defección crecieron los cultivos de coca y se fortalecieron los Grupos Armados Organizados, dedicados al narcotráfico, la minería ilegal y al control social de comunidades indefensas y de gobiernos locales desprovistos de las herramientas para el cumplimiento de sus funciones. Recrudeció la violencia de esas organizaciones por el dominio del territorio que les garantizara exclusividad en el usufructo de las rentas derivadas de las actividades ilegales y se multiplicaron las víctimas entre quienes intentaron oponerse a la conculcación de sus derechos ciudadanos. En ese escenario cayeron líderes sociales y personas en proceso de reincorporación, se multiplicaron los despojos de tierras y regresaron los desplazamientos forzados de población. A esa situación se sumó la reaparición de Iván Márquez y Santrich a la cabeza de un grupo armado bajo la protección del régimen de Maduro, que concita legítima preocupación por la paz y estabilidad en el hemisferio.

La masacre en el municipio de Suárez (Cauca), que cobró la vida de una candidata a la alcaldía y de sus acompañantes, confirma la intromisión de los grupos armados en las elecciones de octubre. Si bien es cierto que el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc son los que representan mayor peligro, también es evidente que a medida que se acerca el día de las elecciones han aumentado los asesinatos, como también el número de municipios afectados.

Se halla en curso una grave afectación al derecho a elegir y ser elegido libremente que constituye elemento insustituible para la legitimidad del proceso electoral y que debe por lo tanto merecer la mayor atención de toda la institucionalidad para identificar los perpetradores y sus motivaciones e intereses. Nada podría tener mayor impacto y peligrosidad que la posibilidad de que se esté entronizando directa o indirectamente el asesinato y la intimidación como mecanismos de competencia electoral. Eso sería la cartelización de la política que nos conduciría a sepultar la democracia, y que es peligro latente por la conversión de los partidos en meros comercializadores de avales.

La política de defensa y seguridad del gobierno tiene como principal amenaza la ausencia de la institucionalidad en el territorio, que no se resuelve solamente con despliegue de tropa. El plan Zonas Futuro es un buen comienzo y requiere rápida ejecución. Más difíciles serán la reconversión de los partidos y el régimen electoral. Hay que construir Estado para tener paz y democracia.