Mala idea que Cataluña se independice de España, es inválido el resultado del referendo convocado contra la Constitución con concurrencia solamente del cuarenta y dos por ciento de los electores, según lo manifestado por los propios organizadores del evento. No es suficiente la declaración de la Generalitat para legitimarlo. Los efectos de la reciente votación, sin embargo, son preocupantes. Bancos y Empresas anuncian cambio de sedes, existe desconcierto, difícil que la Organización de Naciones Unidas, la Comunidad Europea, las instituciones comerciales, los Estados, acepten determinación de esta naturaleza.
El Rey Felipe VI en su alocución tilda a los dirigentes separatistas de desleales y solicita al gobierno de Mariano Rajoy actuar drásticamente, defender la soberanía. El asunto se complica, inusitada parece la creación de otra República, ni los impulsores del movimiento tienen claras las consecuencias políticas, culturales, económicas, financieras, urbanísticas, agrarias, de prevención del terrorismo, desencadenadas con su intento.
Difícil discutir y aprobar la nueva Constitución, precisar la participación de los partidos, lo concerniente con las ramas del poder, el presupuesto, las normas de impuestos, el trámite de cedulas de ciudadanía, el otorgamiento de pasaportes y de visas, los trámites aduaneros. En cuanto a la justicia, adoptar disposiciones de derecho penal, administrativo, civil, comercial y de familia es complejo. Con la amenaza de independencia se ha afectado el turismo, los deportistas expresan inquietudes en referencia a su desempeño en eventos internacionales, en el desarrollo normal de sus actividades.
La circulación del euro necesitaría adecuarse, compromisos de deuda interna y externa, públicos y privados no pueden quedar en vilo, las agencias de calificación financiera rebajan notas, el Fondo Monetario Internacional advierte que la situación afecta crecimiento e inversión. Más que de integración el proceso es de desintegración, la tensión crece. La histórica comunidad merece mejor futuro, las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, constituyen territorio altamente industrializado con servicios sociales extendidos que se vendrían a menos.
La realidad supera el empecinamiento de los separatistas a pesar de que presenten numerosos argumentos dignos de considerarse. La Constitución española de 1979, ratificada por la mayoría ciudadana, incluyendo a Cataluña, establece la monarquía parlamentaria como sistema de gobierno para consolidar la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Esa Carta reconoce los derechos de un pueblo con tradición y lengua propia que hace parte de España. El Rey, un símbolo -jefe de Estado, no de Gobierno- garantiza la unidad nacional, si Cataluña se independiza, dudoso el porvenir del país que quieren crear. La legalidad, el diálogo fructífero, el humanismo y la responsabilidad de los dirigentes deben prevalecer sobre la falta de sentido común.